Anpier, la asociación que defiende a los productores fotovoltaicos
Desde 2004 hasta 2008, el Estado español facilitó las condiciones para que pequeños, medianos y grandes inversores apostaran por la energía fotovoltaica. Según Anpier, los recortes posteriores en las ayudas a estos negocios han dejado a 62.000 familias en la ruina.
"El sol puede ser suyo", este era el lema con el que se animaba invertir en la energía solar fotovoltaica. El objetivo era desarrollar una tecnología que permitiera tener precios baratos de generación con una fuente inagotable y no contaminante como es el Sol.
Desde 2004, el Gobierno estableció un plan para impulsar las energías renovables, animando a los ciudadanos a financiar hasta el 80% del coste de las instalaciones, hablando de rentabilidades de entre el 7 y el 10%. El objetivo era desarrollar esta tecnología y reducir las emisiones de CO2, cumpliendo así con los objetivos internacionales de Kioto y de la Unión Europea en materia medioambiental. Tanto caló la campaña a favor de esta energía, que en 2008 España se convirtió en uno de los países con más potencia fotovoltaica del mundo, al tiempo que se cumplió la misión de tener al alcance de la mano una opción de producir energía con menos costes que cualquier otra fuente de generación.
El declive de las fotovoltaicas
Decenas de miles de inversores decidieron invertir en algo que “consideraban seguro y ético”, según Anpier. Pero con la llegada de la crisis, el Ejecutivo impuso un recorte del 30% a la tarifa regulada pactada con los propietarios de estas instalaciones. Además, se cambió la normativa y se endurecieron las condiciones para instalar paneles solares.
El declive de las fotovoltaicas alcanzó su cénit en 2013, durante la presidencia de Rajoy. Ese año el sector volvió a sufrir un recorte de las tarifas reguladas pactadas del 50%. Además, estableció un impuesto del 7% a toda clase de energías. Muchos inversores tuvieron a partir de entonces serios problemas para hacer frente a las inversiones que hicieron en su día o, directamente, no pudieron hacer frente a los sobrecostes imprevistos. Muchos de los que han sobrevivido a la situación se han visto obligados a refinanciar sus instalaciones para mantenerlas, con lo que se demora el retorno de su inversión hasta los 18 años, mucho más de la década prevista al inicio.
La lucha de Anpier
Anpier lucha por que se reconozcan los derechos de los productores fotovoltaicos, representándoles, apoyándoles y dándoles servicio. Actualmente agrupan a 5.000 socios de todas las comunidades autónomas y tienen el objetivo de defender las energías renovables y su socialización como vector para generar riqueza en el territorio y como herramienta para conseguir la sostenibilidad medioambiental. Su presidente, Miguel Ángel Martínez-Aroca, reclama justicia ante los grandes recortes que han tenido que soportar los pequeños inversores y cuyas demandas están ya en los tribunales.
La situación ha afectado igualmente a empresas extranjeras que decidieron invertir en nuestro país. En algunos casos, sus denuncias ya han sido resueltas en tribunales de arbitraje que han acabado dándoles la razón. “Han perdido de forma contundente todos los arbitrajes conocidos hasta la fecha”, destaca Anpier en base a los “incumplimientos del Estado y los drásticos cambios normativos retroactivos a las instalaciones renovables”.
Las sentencias destacan el “sistema profundamente injusto e inequitativo en el modo en que se aplicó a la inversión existente de las demandantes, despojando a las demandantes prácticamente de todo el valor de su inversión”. Esto es algo a tener en cuenta porque España aún tiene que hacer frente a 37 laudos que, de resolverse de igual manera, podrían llegar a suponer indemnizaciones de hasta 8.000 millones de euros de las arcas del Estado.
Desde la oficina del Defensor del Pueblo se argumentó que estas resoluciones favorables a empresas foráneas deben, “por un principio de igualdad material”, ser similares a las que obtengan en su momento los inversores españoles para que “no reciban peor trato que los inversores de los países signatarios del Tratado sobre la Carta de la Energía”.
Anpier defiende que el que se atribuya a las renovables el déficit de tarifa, o al menos una parte, “se ha convertido en una falsedad que por su reiteración ha llegado a alcanzar apariencia de verdad”. Y señala para aclarar esa cuestión los datos ofrecidos por el exministro de Energía, Juan Manuel Eguiagaray, quien a finales de 2007 situaba en 9.000 millones el déficit tarifario y auguraba para 2008 una cifra próxima a los 12.600 millones. Sin embargo, Anpier recuerda que para ese momento las renovables representaban una cuota marginal en un sistema al que la asociación achaca un “un mal estructural”; recuerda en este sentido que la Comisión Europea también ha subrayado que la “competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido a la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares".
Desde la asociación se denuncian los “incumplimientos del Estado y los drásticos cambios normativos retroactivos a las instalaciones renovables”
'El camino del sol'
Para dar a conocer su lucha, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica pone en marcha todos los años 'El Camino del sol', una campaña que recorre diferentes ciudades españolas. A través de ella organizan encuentros, conferencias y concentraciones donde se habla de la situación de las familias de las fotovoltaicas. Con estas campañas quieren, además, trasladar a ciudadanos, políticos y medios de comunicación la necesidad de cambios en el sector energético español. El año pasado celebraron su Tercera Edición.
El trabajo de esta asociación, tal y como afirma Miguel Ángel Martíez-Aroca "es un 'basta ya' organizado que está tejiendo una nueva forma de generar energía", una apuesta de futuro ganadora para todos… y para el medio ambiente.