El Gobierno pretende cambiar la fiscalidad de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav). Estas gestionan un patrimonio financiero mínimo de 2,4 millones de euros provenientes de, al menos, 100 inversores. Tributan al 1 por 100 en el Impuesto de Sociedades y gestionan 27.598 millones de euros.
En muchos casos, estas sociedades tienen un inversor mayoritario y el resto, denominados en la jerga “mariachis”, tienen una participación simbólica para cumplir los requisitos regulatorios. De este modo, los debeladores de las Sicav sostienen que son meras figuras instrumentales a través de las cuales los “ricos” obtienen ventajas fiscales inaceptables.
Para evitar esa situación, la propuesta gubernamental consiste en establecer una inversión mínima a todos los miembros de una Sicav de 2.500 euros y fijar un plazo de transición para que las plusvalías generadas por la liquidación de aquellas no tributen, siempre y cuando, el capital se traslade a Instituciones de Inversión Colectiva españolas o residentes en España y que inviertan en el país.
En definitiva, la coalición PSOE-UP quiere establecer de facto y de iure un corralito financiero que viola de manera frontal los artículos 63 y 65 del Tratado de la Unión Europea que prohíben las restricciones a la libre circulación de capitales dentro de la UE. Es una medida argentina.
La iniciativa del Ejecutivo es un paso más en su estrategia de vampirización fiscal del ahorro de los españoles y un intento de impedir la salida de capitales que se está produciendo en la Hispania social-comunista.
La coalición PSOE-UP quiere establecer de facto y de iure un corralito financiero que viola de manera frontal los artículos 63 y 65 del Tratado de la Unión Europea
De acuerdo con los últimos datos del Banco de España, entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020 han huido de la vieja Piel de Toro 84,6 miles de millones de euros. Esta es la respuesta de los inversores, su voto con los pies a la política económica del Gobierno, una expresión palpable de la desconfianza que genera entre los inversores domésticos y extranjeros. Pero ahí no termina la historia.
La demagogia populista contra las Sicav omite dos aspectos básicos: primero, su tratamiento tributario no es diferente al de otras modalidades de inversión colectiva, por ejemplo, los Fondos de Inversión que también soportan un gravamen del 1 por 100 en el Impuesto de Sociedades; segundo, los rendimientos del capital generados por las Sicav son gravados por el IRPF cuando se distribuyen a sus participes.
En consecuencia, los “ricos” podrían invertir a través de esas otras entidades y su saldo fiscal sería el mismo. Un observador malicioso podría plantear una sencilla pregunta: ¿Por qué no lo hacen? La respuesta es sencilla: prefieren las Sicav porque éstas tienen una flexibilidad y un control sobre sus decisiones de inversión superiores al ofrecido por sus alternativas.
España es junto a Francia y Portugal el único Estado de la UE que exige un número mínimo de inversores para constituir una sociedad de esa naturaleza, tres en el caso francés y 100 en el portugués.
En todos los demás países de ese espacio económico es posible constituir Sicav con un solo accionista. Esta sería la opción de un gobierno cuyas decisiones se rigiesen por criterios de racionalidad económica en vez de por prejuicios ideológicos. Resulta evidente que ese no es el camino elegido por el Gabinete social-podemita.
La nueva regulación de las Sicav impulsada por el Ejecutivo es una pieza más en su estrategia extractora, en su abierta animosidad a la riqueza
La nueva regulación de las Sicav impulsada por el Ejecutivo es una pieza más en su estrategia extractora, en su abierta animosidad a la riqueza. Parece ignorar que ésta es sólo el ahorro acumulado que una economía necesita para invertir, crear puestos de trabajo y generar rentas.
Su visión alicorta no ayuda a los desfavorecidos ni produce una más justa redistribución del ingreso. Al contrario, se traduce en una disminución de la productividad y, por tanto, del crecimiento de los salarios en el medio y largo plazo. En otras palabras, castigar el ahorro no perjudica a los ricos; empobrece a todos.
Por último, la legislación gubernamental sobre las Sicav crea poderosos incentivos para deslocalizar capital español hacia lugares donde existe una normativa menos lesiva para la riqueza y desincentiva la entrada de capital foráneo en España disminuirán.
En la coyuntura actual y en el futuro, esto tendría consecuencias muy negativas para una economía con una crónica escasez de ahorro interno y, por tanto, de capital para sostener una tasa de crecimiento que permita su recuperación y elevar el nivel de vida de los ciudadanos.
