El Gobierno defiende que solucionará el problema de la vivienda en "2 o 3 años" si las CCAA se declaran tensionadas

"En dos o tres años deberíamos, con estas medidas, haber terminado con la tensión de esos mercados o tener que implementar nuevas medidas de manera más extraordinaria para poder acabar con ello", ha explicado Isabel Rodríguez.

En este sentido, la titular de la cartera ha vuelto a hacer un llamamiento a aquellas regiones españolas que recelan de aplicar todas las disposiciones incluidas en la Ley de Vivienda. Por el momento, sólo Cataluña se ha abierto a ello. El Principado de Asturias y Navarra lo están meditando, aunque no hay una decisión tomada en firme. 

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Cabe recordar que para declarar un mercado como tensionado, además de cumplir con una serie de condiciones, se necesita del beneplácito de los Gobiernos autonómicos. Es decir, el ministerio no puede imponerlo y los municipios tampoco tienen potestad para solicitarlo por sí mismos aunque cumplan con los requisitos. 

Es por esta razón que la mayoría de las CCAA no lo han aplicado todavía y parece que no lo harán, al menos, en un futuro próximo. El Partido Popular, que controla gran parte de los parlamentos regionales desde las pasadas elecciones autonómicas y municipales, rechaza tajantemente la medida. 

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Los populares entienden que la norma tiene un marcado carácter intervencionista y argumentan que solo va a provocar una disminución de la oferta con el consecuente aumento del precio. 

Para declarar un mercado como tensionado los Gobierno autonómicos pueden acogerse a dos circunstancias.

Bien que la carga media de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de los ingresos medios de los hogares en esa zona o bien que que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores un porcentaje de crecimiento acumulado al menos tres puntos porcentuales por encima del porcentaje de crecimiento acumulado del IPC de la CCAA. 

La vivienda es uno de los puntos más calientes de esta legislatura. La distancia en este materia entre el Partido Socialista y el Partido Popular es abismal hasta el punto que la relación es casi inexistente. El PP, de hecho, ha anunciado que votará en contra de la reforma de la Ley de Suelo, una reforma que gran parte del parque promotor solicita y con la que parecía estar de acuerdo.