El sector privado reclama que el modelo balear de atención sanitaria a extranjeros se extienda a toda España
El Gobierno regional ha aprobado un decreto que regula la colaboración público-privada para la asistencia sanitaria de ciudadanos comunitarios.
7 mayo, 2024 02:09El Gobierno de las islas Baleares aprobó el pasado marzo un Decreto ley para regular la actividad sanitaria urgente y emergente en la parte que implica a la sanidad privada en la atención extrahospitalaria de ciudadanos comunitarios y británicos desplazados temporalmente a la región.
Una forma de colaboración público-privada que la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) quiere que se extienda a toda España. En este sentido, el presidente de la patronal, Carlos Rus, confía en que iniciativas como esta "sirvan de ejemplo a otras comunidades autónomas como modelo de colaboración eficiente".
Este Decreto ley establece la creación de una Red de Centros y Servicios de Apoyo que podrán ofrecer asistencia urgente a los ciudadanos comunitarios y británicos que están de manera temporal en las islas Baleares y que no tengan un seguro privado o de viaje. El único requisito es que deben disponer de la tarjeta sanitaria europea en vigor.
Las asistencias sanitarias incluidas en la normativa comprenden primeros traslados, traslados secundarios desde los centros públicos y turistas que acuden por medios propios tras indicación del servicio de emergencias. De hecho, la Gerencia de Atención de Urgencias, Samu 061, será el órgano encargado de coordinar a todos los intervinientes en la atención sanitaria extrahospitalaria urgente y emergente.
Además, el IB Salut también podrá habilitar de forma expresa y específica determinados centros y servicios sanitarios privados para ofrecer atención en procesos de especial relevancia, como el código ictus, el código infarto y la atención al trauma grave, en el marco de la atención sanitaria a ciudadanos comunitarios y británicos.
Financiación y adhesión
Estos servicios serán financiados según las tarifas públicas establecidas en cada momento y aplicables en los centros de la red sanitaria pública, tal y como recoge el Decreto ley.
Así, la atención a pacientes extranjeros comunitarios o temporales del Reino Unido estará restringida al equivalente al 65% de las tarifas públicas vigentes en ese momento, en base a los servicios prestados, tras las debidas revisiones y verificaciones por parte del Servicio de Salud de la región. El restante 35% corresponderá a los costes que el Servicio de Salud deberá asumir para llevar a cabo las tareas de gestión relacionadas con esta actividad.
En cuanto a la adhesión a esta red de centros, serán admisibles los centros hospitalarios de titularidad privada que dispongan de recursos como servicio de hospitalización, urgencias, unidad de cuidados intensivos y servicio de transporte sanitario.
Asimismo, podrán adherirse centros para los procesos asistenciales de especial relevancia, como son el código ictus, el código infarto y la atención al trauma grave, siempre que así lo soliciten y reúnan los requisitos al efecto. Sin esta habilitación expresa y específica, no podrán recibir pacientes que presenten sospecha de estas patologías.
Para el presidente de ASPE, la creación de esta red de colaboración entre la sanidad pública y privada "es un acierto que, además, reconoce la importancia y pertinencia de aprovechar los recursos proporcionados por el sector privado para satisfacer las necesidades del sistema público de salud".
"Esta gestión eficaz y colaborativa contribuirá a ofrecer una mejor asistencia a los pacientes, tanto a los extranjeros desplazados que precisan de atención urgente como a los ciudadanos de las Islas, que podrán beneficiarse de una mayor accesibilidad si conseguimos entre todos favorecer la descongestión de los servicios públicos de salud", ha añadido Rus.