El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el Gobierno llevará al Congreso un "aumento extraordinario" de la plantilla de la Agencia Tributaria y dedicada a la lucha contra el fraude.

Así lo ha explicado durante su intervención ante la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso tras la anulación de la 'amnistía fiscal' de 2012 por parte del Tribunal Constitucional. Y después también de pedir que, por ley, se prohíban las amnistías fiscales.

Aún así, el ministro ha defendido durante su intervención que "esa medida para lo que ha servido es para que hoy haya crecimiento y creación de empleo. Para que los que realmente estaban evitando a la Hacienda pública hoy estén contribuyendo en el IRPF y en el Impuesto de Patrimonio".

Según ha avanzado, y para reforzar la plantilla destinada a luchar contra el fraude fiscal, el Ejecutivo aprobará este aumento de plantilla junto a la Oferta Pública de Empleo (OPE), una vez entren en vigor los Presupuestos Generales del Estado de 2017, que se tramitan en estos momentos en el Senado.

"Lo haremos también junto al resto de servicios que luchan contra el fraude, como el laboral, y también en la mejora de determinadas gestiones de servicios a los que se les puede quedar corta los efectos de la Oferta Pública de Empleo", ha dicho.

PETICIONES DE DIMISIÓN

Durante el pleno, Montoro ha tenido que hacer frente a peticiones de dimisión por parte del portavoz económico del PSOE, Pedro Saura, y del diputado de Unidos Podemos Rafa Mayoral, mientras que el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, le ha preguntado cómo piensa resarcir por los efectos de la amnistía fiscal.

Entre risas, el ministro de Hacienda ha ironizado sobre que el PSOE ya pedía su dimisión antes de llegar a un cargo público, y ha aseverado que continuará al frente de su ministerio "hasta que este país elimine el déficit público" y "el nivel de ocupados" vuelva a ser al de antes de la crisis económica. "Ése es mi trabajo y también responder a mi vocación. Estaré trabajando al servicio de los españoles", ha subrayado.

RAJOY DEFIENDE SU LEGALIDAD

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido en el Congreso la legalidad del proceso extraordinario de regularización fiscal de 2012, más conocido como 'amnistía fiscal', y ha insistido en que la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló aquel decreto ley no tiene efectos.

"La sentencia no producirá efectos y, por tanto, las actuaciones realizadas que son firmes no podrán ser revisadas. Esa es la verdad, y lo demás son juicios de valor", ha aseverado el presidente ante la pregunta de la portavoz socialista, Margarita Robles, que en la sesión de control al Gobierno de este miércoles le ha pedido una valoración de la reciente sentencia.

Rajoy ha vuelto a decir que en 2012 España "estaba en una situación límite, al borde de la quiebra y al borde del rescate" y que esta escenario provocó que se tomaran "decisiones que probablemente en otras circunstancias no se hubieran tomado".

En todo caso, Rajoy ha defendido que la regularización "se hizo en línea de las recomendaciones de la OCDE" y que también otros países, como Reino Unido, Italia o Estados Unidos, aprobaron procesos similares. "Esa regularización fiscal ni limpia ni borra delitos", ha subrayado.