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Afectados por la caída del Popular: quiénes son, contra quién van y dónde se dirigen sus demandas

El estreno del Mecanismo Único de Resolución con la liquidación del Banco Popular ha desembocado en una avalancha de acciones legales que va camino de convertirse en histórica. ¿Quién es quién en la maraña jurídica que acompaña al caso Popular?

31 agosto, 2017 14:06

Nunca antes había existido un mayor número de demandas para una única decisión de la UE. La Junta Única de Resolución (JUR) y la Comisión se enfrentan a una avalancha de recursos, interpuestos  principalmente por grandes inversores y bonistas como Pimco o Algebris, que acusan a ambas instituciones de precipitarse en la resolución del Popular. Y la Audiencia Nacional rebosa de demandas de aquellos que quieren recuperar el dinero perdido con su inversión en el banco, a lo que ahora se sumarán las demandas civiles en distintos juzgados españoles, que empezarán a aflorar en las próximas semanas.

En medio de este enjambre de acciones judiciales, conozca quién ha demandado, por qué y qué plazos quedan para reclamar responsabildiades por las pérdidas causadas a los inversores tras la liquidación de la entidad en la madrugada del 6 al 7 de junio.

TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO: CONTRA LA COMISIÓN Y LA JUR

La avalancha de demandas contra la Junta Única de Resolución (JUR), que fue quien dictó la resolución del Popular, la Comisión Europea, o las dos, ha sido espectacular. 51 recursos presentados ante el Tribunal de Justicia Europea. El mayor número para una única causa según los expertos consultados por Reuters. Entre los nombres del listado aparecen las asociaciones y bufetes que más se han movido desde que Santander comprase el Popular por el valor simbólico de un euro. Entre ellas, la OCU, Aemec o Ampopular (plataforma liderada por el presidente de Naturhouse, Félix  Revuelta), que agrupan a miles de perjudicados.  

Todos ellos intentan por la vía del Tribunal de Justicia Europeo revertir la resolución del Popular o, si no se consigue, recuperar su dinero. Las denuncias van dirigidas, sobre todo, contra la Junta Única de Resolución, que fue quién decidió la medida, y contra la Comisión Europea, que dio el ok definitivo a la compra del Popular por el Santander por el valor simbólico de un euro.

En el listado también aparecen nombres de mutualidades, como la de Renault España o la de la Abogacía y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos. También nombres de fundaciones como la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno o la de Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa.

Los grandes fondos también han participado en la avalancha de demandas. Bajo el nombre de `Algebris (UK) y Otros¿, se esconde un grupo de grandes fondos tenedores de bonos de la entidad, representados por el despacho Quinn Emanuel. Entre ellos también se encuentra la firma estadounidense Anchorage Capital y Ronit Capital, que argumentan que la JUR faltó al secreto profesional al filtrarse información sobre supuestos problemas en la entidad que desembocaron en una masiva salida de depósitos y también critica supuestos "errores" en el proceso de resolución así como una "excesiva precipitación" de la Comisión al refrendar la decisión de la JUR. La firma también ha enviado un recurso contra la Comisión Europea, subrayando su "incapacidad" para evaluar el mecanismo de resolución de la JUR.

En Europa también han recurrido exconsejeros de la entidad como Jaime Ruiz Sacristán o Arias Mosquera (vicepresidente con Ángel Ron). Y grandes inversores como Antonio Del Valle, con un 4% del capital de la entidad junto a otros inversores mexicano, o la Sindicatura de accionistas.

Los 51 de la UE

CONTRA LA JUR

1. Jarabo Sancho and Jarsan Centro de Gestion

2. Mutualidad y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos, Mutualidad de Previsión Social

3. Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

4. Fidesban y Otros

5.SFP Asset Management y Otros

6. Garriga Sadurní y Martí Fonts

7. Sánchez Valverde e Hijos

8. Olarreaga Marques y Saralegui Reyzabal

9. Gestvalor 2040 y Otros

10. Hernandez Diaz

11. Nap Innova Hoteles

12. Folch Torrela y Otros

13. Taberna Angel Sierra y Otros

14. Ruiz Jayo y Otros

15. Claudio Waisman y Otros

16. Ballesté Torralba y Otros

17. Blasi Gómez y Otros

18. López Campo y Otros

19. Promociones Santa Rosa

20. Coral Venture

21. Asociación de Consumidores de Navarra ¿Irache¿

22. Jess Liberty

23. Imabe Iberica

24. Afectados Banco Popular

25. Maña y Otros

26. González Calvet

27. TW and Otros

28. Liaño Reig

29. Gayalex Proyectos

30. Molina García

31. Inversiones Flandes y Otros

CONTRA LA JUR Y LA COMISIÓN

1. Algebris (UK) y Otros

2. Comercial Vascongada Recalde

3. García Suárez y Otros

4. Sánchez del Valle and Calatrava Real State 2015

5. Álvarez de Linera Granda

6. Esfera Capital Agencia de Valores

7. Mutualidad Complementaria de Previsión Social Renault España

8. Ruiz Sacristán and Arias Mosquera

9. Estévez Puerto y Otros

10. Inverni y Otros

11. Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa

12. Financiere Tesalia y otros

13. Cartera de Inversiones Melca y Otros

14. Del Valle Ruiz y Otros inversores

15. Corra González y Otros

16. OCU and Otros

17. Imasa, Ingeniería y Telecomunicaciones

18. Gruas Roxu

19. Iccrea Banca

20. Eleveté Invest Group y otros

 

AUDIENCIA NACIONAL: CONTRA LOS GESTORES DEL POPULAR

El otro gran frente de las demandas se centra en territorio nacional contra el FROB, brazo ejecutor de la JUR en España, y los antiguos gestores del banco Popular. Entre los que impugnarán el papel del FROB se encuentra el despacho de abogados Navas & Cusí, cuyo socio-director, Juan Ignacio Navas, que también solicitará por esta vía la nulidad de una resolución que hizo que un banco "teóricamente solvente pasara de la noche a la mañana a valer un euro".

A los pequeños accionistas que se suman a esta teoría, se unen también grandes fortunas como el magnate chileno Andrónico Luksic, propietario del grupo Luksic, cuya participación en el banco alcanza un 3,45 % del capital. El grupo presentó un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, recurriendo la decisión del Frob de amortizar las acciones del banco

Reproche que también hacen organizaciones como Adicae, que además ha calificado de "engaño" que el Banco Santander sólo ofrezca devolver el dinero a los clientes y empleados del Popular que invirtieron menos de 100.000 euros en la ampliación de capital del pasado verano, previa renuncia de éstos a emprender acciones legales, a través del llamado 'bono de fidelización'.

Asufin, por su parte, ha optado por querellarse contra los antiguos administradores del banco, Angel Ron, Emilio Saracho y sus respectivos equipos, así como contra su auditora, PwC.

En el mismo sentido se ha dirigido la OCU, que logró el primer recurso contra el FROB por parte de la Audiencia Nacional.  Del mismo modo, asociaciones como la Aemec también han interpuesto sus respectivas querellas ante la Audiencia Nacional.

Por su parte, Elpidio Silva Abogados, el bufete del exjuez inhabilitado tras la instrucción del `Caso Blesa¿, ha optado por centrar sus querellas ante la Audiencia en los antiguos gestores del banco, Ángel Ron y Emilio Saracho.

CALENDARIO CLAVE

1. Después de que haya terminado el plazo para recurrir ante el tribunal europeo, los movimientos se centrarán ahora en territorio nacional. Si los demandantes consideran demandar por su actuación al BANCO DE ESPAÑA, dentro de un delito de responsabilidad patrimonial del Estado, el plazo para demandar es de un año desde la resolución del Popular. Es decir, hasta el 7 de junio de 2018.

2. VÍA PENAL. Si se opta por la vía penal, los afectados tienen un plazo desde la resolución del banco (porque fue el momento en el que se enteraron del daño causado), de unos 10 años, hasta prescripción de delito.

3. ACCIÓN CIVIL. La acción civil, por la que optarán aquellos que apuesten por recuperar el dinero perdido (especialmente los que acudieron a la ampliación de capital de 2016), contempla dos plazos distintos. Por un lado, 4 años desde que se tiene conocimiento del daño causado, y 1 año por daños y responsabilidad contractual (que, en el caso del Popular, sería para aquellos que vayan con los antiguos gestores del banco, Ángel Ron y Emilio Saracho. Es el caso de la primera demanda civil que ya se ha interpuesto contra la pérdida de inversión en un juzgado de Madrid.