Se trata de unos 300 inversores cualificados cuyas reclamaciones superarían los 100 millones de euros, entre ellos dos aseguradoras y varias sicavs, a los que representa el bufete Jausas, que perdieron la totalidad del valor de sus acciones del Popular, que tras la resolución decidida por el Banco Central Europeo (BCE), ordenada por la Junta Única de Resolución (JUR), pasaron a valer cero. Este despacho de abogados está especializado en grandes patrimonios.

En declaraciones a Efe, el socio del despacho Jausas Jordi Ruiz de Villa ha explicado que lo que ha ocurrido con el Popular "es similar a lo que ocurrió con Bankia", entidad en la que "todo iba bien cuando salió a Bolsa, pero posteriormente hubo cambios en el equipo directivo y se 'reexpresaron' las cuentas".

En Bankia, ha añadido Ruiz Vila, tuvo que intervenir el Estado, y en el Popular "se ha resuelto el banco" con las consecuencias por todos conocidas; se trata de un caso claro de enriquecimiento ilícito, ha proseguido el abogado, ya que el adquiriente -Santander- se ha enriquecido en la misma medida en la que se han empobrecido los accionistas.

Tanto los accionistas anteriores a la ampliación de capital como aquellos que acudieron después, ha matizado.

Aunque en principio no lo tenían previsto, Jausas no descarta denunciar a la JUR, después de que el organismo haya manifestado que no va a publicar el informe confidencial de Deloitte que sirvió como justificación para la resolución del Popular.

El documento atribuía al banco una valoración negativa que oscilaba entre 2.000 y 8.200 millones de euros pero, en un escenario más positivo, le concedía una valoración de 1.500 millones de euros.

Asimismo, otros inversores prosiguen su periplo penal, como Felipe Izquierdo, que ha presentado hoy ante el juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional un escrito en el que pide ampliar a la propia entidad -en calidad de persona jurídica- una querella que aún no ha sido admitida a trámite.

En su doble condición de abogado y "estafado", el pasado 9 de junio se querelló contra el expresidente del Banco Popular Ángel Ron; el ex consejero delegado Pedro Larena; el exvicepresidente Roberto Higuera; la firma auditora PwC y el socio firmante, Francisco Barrios, por presuntos delitos de falsedad contable y estafa al inversor.

Según consta en el documento al que ha tenido acceso Efe, el letrado, "como perjudicado directo" que ha perdido 20.000 euros con la amortización a cero de las acciones, insta al juez Fernando Andreu para que cite como investigado al representante legal del banco "pues es obvia su participación en la comisión de unos hechos con posible responsabilidad penal".