El pasado 13 de julio, Santander anunciaba que compensaría a parte de los afectados por la resolución del Popular a través de una emisión de deuda perpetua (¿bonos de fidelización¿) que darán derecho a un cupón efectivo discrecional y no acumulativo a un tipo interés nominal anual del 1% pagadero trimestralmente.

Desde los sindicatos, se abstienen de momento de valorar estos bonos, asegurando que respetarán la decisión de cualquier trabajador de acudir o no a ella. ¿La elección o no del producto lo dejamos dentro del ámbito individual de cada empleado o familiar¿, explican en la sección sindical de UGT en Santander y Popular.

Pero advierten: ¿lo que nos preocupa en esta fase, es que se pudiera ejercer una presión o coacción sobre los empleados o familiares para suscribir el producto y de esta manera evitar que se acuda libremente a las acciones judiciales ya iniciadas, o por iniciar¿.

Desde los sindicaros temen que esa presión se asemeje a la que, según CCOO, siguen sufriendo los trabajadores en las oficinas del Popular para mantener los clientes a toda costa. "El miedo a perder  sus sillas, está calentando nuevamente las actitudes tóxicas de los responsables comerciales", denuncian desde el sindicato, explicando que se están produciendo momentos de tensión derivados de una situación en la que las Conference Call convocadas por las tardes durante el mes de julio son ya sistemáticos, "así como otras concertadas a horas tardías que excluyen a aquellas oficinas que han cumplido el objetivo impuesto y  castigan a aquellas que no han podido conseguirlo". También denuncian cambio de los días de vacaciones autorizados previamente, así como controles exhaustivos con varios reportes diarios de la producción diaria.

El temor principal es que esa presión en las oficinas se traslade también para que los trabajadores acepten la oferta del Santander. Hay que recordar que, según las cifras que manejan los sindicatos, un 75% de la plantilla del Popular, unos 7.950 empleados de los cerca de 10.600 que integran sus filas, acudió a las dos últimas ampliaciones de capital de la entidad. Y la mayoría lo hizo con los anticipos de nómina que el banco les ofrecía.

Además, según el documento publicado por el banco, y a la espera del definitivo que será presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en septiembre, los bonos de fidelización no podrán liquidarse hasta 7 años después de su adquisición. Sin embargo, sí pueden ser vendidos en el mercado secundario. Si los empleados del banco optan por esta vía, fuentes consultadas aseguran que lo más probable es que esos bonos se vendan a la baja, ante la avalancha de oferta para conseguir liquidez y poder, entre otras cosas, pagar los adelantos de nómina o los créditos que se ofrecieron para acudir a la ampliación.