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Elpidio Silva, el juez que decretó prisión para Blesa, entra en las reclamaciones por la caída del Popular

La recién creada Asociación Independiente de Afectados del Popular entra en contacto con el juez, actualmente inhabilitado, que decretó prisión sin fianza para Miguel Blesa. Desde su despacho de abogados en Barcelona confirman que el equipo está trabajando con diversos clientes y accionistas que perdieron su inversión con la caída del banco.

5 julio, 2017 11:10

En las últimas semanas, los movimientos entre los afectados se han multiplicado y, a los iniciados por Aemec (Cremades Calvo Sotelo), Ampopular (la plataforma liderada por el ex presidente de Naturhouse Félix Revuelta), o RUA Abogados (consulte aquí el listado completo y sus costes), se suma ahora la recién creada Asociación Independiente de Afectados del Popular, que ya ha iniciado contactos con el exjuez Elpidio Silva para recuperar las inversiones perdidas tras la liquidación del banco.

La idea de la Asociación era buscar su propio gabinete jurídico en un intento por abaratar los costes que presentan el resto de bufetes inmersos en el proceso. Y según indican, y aunque aún no hay un acuerdo en firme, Silva ya les ha mostrado su voluntad de colaborar. De hecho, desde su bufete en Barcelona confirman que el equipo ya trabaja con otros afectados del caso.

Elpidio Silva alcanzó una mayor popularidad durante el `caso Blesa¿ con su decisión en 2013 de decretar la prisión sin fianza para el expresidente de Bankia, Miguel Blesa por su implicación en la compraventa del City National Bank of Florida.

Pero en octubre de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) determinó que Silva había cometido un delito de prevaricación, por el que fue condenado a 17 años y medio de inhabilitación. Esta sentencia fue ratificada el 23 de abril de 2015 por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, desestimando así el recurso de casación presentado por el magistrado.

Hace unos años, Silva abrió su propia oficina de abogados en Barcelona (Elpidio Silva Abogados), que también cuenta con una sede en Madrid. Y en su cuenta de Twitter, ya se ha mostrado muy crítico con la evolución del `caso Popular¿, haciendo una firme declaración de intenciones al asegurar que la situación ¿reitera lo sucedido en Caja Madrid. Diferencia: Ahora los accionistas denunciarán el expolio. Hay muchos responsables¿.

La Asociación Independiente de Afectados por el Popular puede ser uno más de sus clientes en la búsqueda de compensaciones tras perder todo lo invertido con la liquidación del Popular. Desde su creación hace apenas una semana, ya cuenta con más de 1.200 pequeños inversores en sus filas, cifra que esperan incrementar una vez reciban mañana jueves la luz verde de la administración para su constitución legal.

¿El pasado jueves fue nuestra primera reunión, donde elegimos presidente, secretario y Tesorero y estudiamos las primeras medidas a tomar¿, indica José Ignacio Rugama Odriozola, portavoz (y secretario) de la Asociación.

Entre sus próximos pasos, el portavoz  recuerda que también han pedido los permisos necesarios para celebrar una manifestación el próximo 30 de julio en Madrid. ¿Tenemos el visto bueno de palabra, solo nos falta que nos lo den por escrito¿, indica Rugama, recordando que, antes de esa fecha, convocarán al resto de asociaciones de afectados para que se sumen a la protesta.

Santander, en busca de la solución

En el folleto explicativo de su ampliación de capital, Banco Santander reconoce que uno de los grandes riesgos a los que se enfrenta la entidad es la avalancha de demandas judiciales esperadas por parte de los accionistas que perdieron toda su inversión tras la liquidación del Popular. ¿La adquisición de la totalidad del capital social del banco podría ser objeto de recursos o reclamaciones de toda clase cuyo resultado podría conllevar un cambio material adverso para el grupo¿, indica en el documento.

Pero las posibles demandas judiciales a las que tenga que hacer frente el banco, que en las próximas semanas anunciará las compensaciones decididas para los afectados, no solo vendrán por parte de aquellos accionistas y clientes del Popular que acudieron a la ampliación de capital de 2016, sino también por parte de aquellos que mantienen acciones individuales y colectivas derivadas de las cláusula suelo. ¿Si los costes de estas acciones fueran superiores a las provisiones, podría producirse un impacto en los resultados del grupo¿, advierte Santander. Hay que recordar que Popular mantenía provisionados 511 millones de euros para este concepto. Aunque la cifra se doblaba en el escenario más adverso.