El grupo y seis sociedades se acogieron en abril al preconcurso acuciados por la falta de liquidez tras lo que disponían de un plazo de tres meses, prorrogable a cuatro, para buscar un salida que evitara su entrada en concurso de acreedores (antigua quiebra).

En paralelo, Isolux encargó a la consultora especializada en reestructuraciones Álvarez & Marsal la elaboración de un plan de viabilidad.

Dicho plan contempla su división en tres compañías. La primera de ellas, denominada Goodco, aglutinaría los proyectos rentables, 204 de los más de 380 que tenía en marcha, y para sobrevivir necesitaría de la entrada de un inversor que aportara liquidez.

Otra sociedad agruparía obras cuyas necesidades de financiación adicional para su culminación son inferiores al riesgo contenido por garantías y avales; y otra el resto de activos, incluidos los que están en proceso de desinversión (concesiones y aparcamientos).

Según la misma fuente, Isolux mantiene negociaciones con un inversor nacional de perfil industrial y financiero que tendría que aportar unos 180 millones, además de asumir deuda y avales, y que entraría, probablemente, a través de una ampliación de capital.

La firma dispone de plazo para cerrar un acuerdo con dicho potencial socio hasta el 4 de julio, fecha en la que celebrará la Junta General de Accionistas que, entre otras cuestiones, deberá dar el visto bueno a modificaciones estatutarias para que el nuevo dueño pueda ejercer el mando en la compañía.

En julio de 2016, a petición de la banca que refinanció la deuda de Isolux, se estableció que su Consejo de Administración estaría compuesto por dos ejecutivos y seis consejeros independientes, lo que se cambiará para que pueda haber desde un administrador único hasta el número de consejeros que se considere necesario.

Además, se someterá a la Junta el nombramiento de nuevos administradores, pues el equipo llegado tras el acuerdo de refinanciación y que dirige Nemesio Fernández-Cuesta dimitirá en bloque con el fin de facilitar la gestión al nuevo socio y, llegado el caso, al administrador concursal.

Una vez aprobados estos cambios, todo apunta a que la compañía presentará concurso voluntario de acreedores con una deuda financiera no homologada judicialmente de 1.000 millones y una deuda a proveedores de unos 500 millones.

En el caso de haber firmado a tiempo un acuerdo con el citado inversor, el concurso irá acompañado del plan de viabilidad para salvar la parte del negocio que corresponda.

Por contra, si no se firma o el inversor no logra financiación, la compañía se verá abocada a un proceso ordenado de liquidación.

La búsqueda de financiación se complica si se tiene en cuenta que gran parte de las entidades financieras españolas son acreedoras y, a su vez, accionistas de Isolux, que, a cierre de abril, contaba con unos 3.800 trabajadores, unos 1.300 de ellos en España.

En julio de 2016, Isolux acordó con sus acreedores un plan para su reestructuración por valor de más de 2.000 millones, de los que 1.400 correspondían a deuda irrecuperable y convertible en acciones.

En diciembre, los bonistas (que suman el 41,8%) y la banca se convirtieron en los principales accionistas de Isolux, encabezados por Caixabank (10,6%), Santander y Bankia.

En medio de las negociaciones para una nueva inyección de liquidez, Santander (9,5%) vendió la deuda y las acciones que mantenía en Isolux a Goldman Sach.