En la sentencia conocida hoy, el magistrado rechaza tales pretensiones al considerar que Ron no mantenía una relación laboral común o especial de alto cargo sino mercantil con el banco desde febrero de 2015, cuando suscribió con el Popular un contrato de esas características.

El juez diferencia varias etapas de Ron en la entidad, la primera desde su entrada en 1984 como auxiliar administrativo hasta 1999, cuando es nombrado director general, en tanto que apenas tres años más tarde, en 2002, estaría marcada por su paso a miembro del Consejo de Administración.

El juez insiste en que si bien en estos primeros periodos el expresidente del Popular sí que dispuso de un contrato laboral, resulta "significativo" que haya sido en 2015, cuando Ron "ya ocupa la cúspide del consejo", cuando se acuerde la suspensión de este tipo de relación "con efectos retroactivos" hasta quedar "formalmente en suspenso".

En este sentido, advierte de sospechas acerca de una posible "autocontratación fraudulenta", duda que no desarrolla al no ser motivo de alegación en la demanda, y asegura que Ron "nada hizo para recuperar la relación laboral común de etapas anteriores, sino que optó por extinguir su relación de alta dirección para vincularse societariamente".

Por ello, el juez deniega la indemnización calculada sobre el salario de 106.000 euros mensuales que reclamaba el expresidente de la entidad, quien en su demanda solicitaba subsidiariamente una compensación atendiendo al tiempo de servicios prestados como trabajador común.

Una petición también rechazada por el titular del juzgado al tratarse de contratos "extinguidos" sin posibilidad de que puedan "resucitarse".

La sentencia, que no es firme, puede ser objeto de recurso de suplicación ante la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación. 

SARACHO RENUNCIA A LA SUYA

El expresidente de Banco Popular Emilio Saracho ha renunciado a una indemnización que ronda los cuatro millones de euros tras su destitución como presidente de Banco Popular después de la resolución y venta de la entidad, confirmaron a Europa Press en fuentes próximas al directivo después de que el diario 'El Mundo' adelantara la noticia.

De este modo, Saracho ha rehusado cobrar la indemnización que le correspondería por no haber cumplido el contrato de cuatro años que le vinculaba con Banco Popular. El contrato de Saracho también contemplaba una prima de entrada de cuatro millones de euros, ya percibida por el directivo.

Durante la junta general de accionistas de IAG celebrada este miércoles, Emilio Saracho aseguró "haber intentado" evitar la resolución de Popular, que derivó en la amortización de todas las acciones del banco, así como también de su deuda híbrida.

En sus primeras declaraciones públicas tras la operación, Saracho indicó, además, que los accionistas y bonistas de Popular, que perdieron íntegramente su inversión en el banco, "están en su derecho" de presentar acciones legales contra el consejo de administración que él presidía o contra los gestores que les precedieron.

A este respecto, el vicepresidente de Santander España, Juan Manuel Cendoya, informó de que el banco cántabro concretará en los próximos días una solución a los pequeños accionistas del Popular que eran clientes del banco, postura reiterada este viernes por el directivo ante las preguntas de los periodistas en el acto de presentación de la nueva plataforma de Openbank.

El consejo de administración de Banco Popular fue destituido tras la resolución y venta de la entidad a Banco Santander, que designó con efecto inmediato a su director financiero, José García Cantera, como nuevo presidente del banco.

El nuevo consejo de Banco Popular cuenta, además de con Cantera, con Javier García-Carranza y José Doncel como consejeros ligados al grupo Santander, mientras que Pedro Pablo Villasante y Gonzalo Tejuca ejercen como consejeros independientes.