Según fuentes próximas a la investigación consultadas por Efe, el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que ha ordenado el registro de las dependencias de OHL, aún no ha requerido ni analizado el expediente de contratación.

La sociedad Cercanías Móstoles Navalcarnero (Cemonasa), propiedad de OHL, entró en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) en 2016.

Posteriormente, en marzo de este año, el juzgado de lo mercantil número 1 de Madrid acordó la apertura de la fase de liquidación de la sociedad.

La apertura de la fase de liquidación conlleva la disolución de la sociedad, la liquidación de todos sus bienes, la resolución del contrato de concesión suscrito en enero de 2008 entre Cemonasa y la Comunidad de Madrid, y la obligación del pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) por parte del gobierno regional.

En 2015, Cemonasa presentó una reclamación administrativa de resolución de la concesión al considerar que la Comunidad de Madrid había incumplido el contrato, una solicitud que se elevó posteriormente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

OHL reclama 370 millones de euros a la Comunidad de Madrid, 320 millones por la inversión y 50 millones por daños y perjuicios.

En marzo de este año, la Comunidad de Madrid comunicó la apertura de un expediente de resolución de contrato a Cemonasa por "incumplimiento de las obligaciones" en las obras de ampliación y soterramiento de la línea C5 de Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero.

Agentes de la Guardia Civil registraron hoy las oficinas de OHL en el marco de las investigaciones que sigue la Audiencia Nacional sobre la financiación ilegal del PP en Madrid.

La inspección ha sido ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga la financiación ilegal del PP madrileño.

El registro de OHL coincide con otros que durante el día de hoy se han practicado en Madrid dentro de la "operación Lezo" contra la corrupción en el Canal de Isabel II y que ha costado un 8% en Bolsa a sus acciones.

Fuentes de OHL han subrayado que la compañía ha prestado la máxima colaboración desde el primer momento.

El grupo constructor ha subrayado que cualquier proceso de licitación, adjudicación y contratación se realiza "con total transparencia y sujeción a la ley y a los estándares de buen gobierno corporativo".

Las fuentes de OHL han recalcado que el grupo tiene "una política de tolerancia cero con la corrupción y nunca ha pagado ninguna comisión a ningún partido político".

La constructora ha recordado que, hasta la fecha, OHL nunca ha sido condenada por corrupción.