La Embajada de Colombia hizo público hoy un comunicado después de que hace dos días las autoridades decidieron liquidar la distribuidora y comercializadora Electricaribe, por considerar que no presta adecuado servicio y su situación financiera es mala.

El comunicado denota la preocupación porque el contencioso, que llegará previsiblemente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), siembre dudas sobre la seguridad jurídica de Colombia en un momento en el que busca inversiones para afrontar el período tras el final del conflicto armado con la guerrilla de las FARC.

"Con esta decisión no está en riesgo la seguridad jurídica. Por el contrario, el Gobierno de Colombia aplica la ley de insolvencia económica (ley de quiebras) existente en la actualidad, un procedimiento concursal que existe en todo el mundo ante este tipo de situaciones", dice la nota.

Gas Natural Fenosa ultima la demanda ante el Ciadi y, mediante la vía del arbitraje internacional, buscará una indemnización "muy superior" al valor contable de Electricaribe, que es de 475 millones de euros, y que podría estar en torno a los mil millones.

El grupo español posee el 85 % de Electricaribe desde 2009 y el 15 % restante está en manos del Gobierno colombiano y la empresa atiende a 2,5 millones de clientes de varios departamentos de la cosa del Caribe.

El dialogo sigue abierto mientras el liquidador lleva a cabo el proceso de cuantificación de activos y pasivos, recordaron hoy fuentes diplomáticas colombianas, que señalaron que Gas Natural está presente en otras zonas del país y presta un servicio satisfactorio.

El problema en la zona Caribe, según las fuentes, es que la empresa no ha realizado desde hace años inversiones para mejorar las redes de distribución, con la consiguiente pérdida de energía que ha incrementado el pasivo.

Eso se une, según la empresa española, a una fuerte morosidad de la clientela, que no paga facturas y que en ocasiones recurre a engancharse a la red de modo ilegal.

Las fuentes colombianas reconocen que algunos de los impagos proceden de organismos públicos locales pero que la cifra -unos cincuenta millones de euros- no es factor decisivo en el pasivo de Electricaribe.

La posición oficial, recogida en el comunicado de la Embajada, es que "la prioridad es lograr el bienestar de los usuarios y acreedores" y que con la liquidación de Electricaribe "se busca una salida al mal servicio y resolver el problema crónico a 10 millones de personas que viven en la región Caribe y a cientos de empresas que sufren el aumento de cortes" de suministro.

Pero en ningún caso es una expropiación, ya que la legislación impide que el Estado gestione el servicio, que tendrá que salir a concesión cuando acabe el contencioso.

"Desde el pasado noviembre, cuando se realizó la Intervención a la compañía, expertos del gobierno estuvieron analizando los diferentes escenarios, flujos de caja, proyecciones económicas y diferentes niveles de inversión para buscar salidas a la problemática", añade la nota.