Madrid, 24 ene (EFECOM).- El número dos de Fomento, Pedro Saura, ha lamentado hoy que el decreto-ley de medidas urgentes sobre vivienda no fuera convalidado el martes por el Congreso y lo ha achacado a que "se juntaron los extremos", al coincidir en el rechazo tanto Unidos Podemos y ERC como el PP y Ciudadanos.

En una jornada sobre vivienda organizada por la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) en la sede de la CEOE, Saura ha lamentado ante los empresarios que varias iniciativas para mejorar el mercado inmobiliario residencial hayan dejado de tener efecto legislativo por "los extremos" políticos, "juntos" contra la acción del Gobierno.

"En los próximos días haremos público por dónde vamos a caminar desde el punto de vista administrativo", ha explicado después a los periodistas, en referencia a que las medidas del Gobierno sobre vivienda se reformularán y se incluirán bien en el proyecto de ley que preparan o bien en enmiendas a la ley de Presupuestos para 2019 cuando se tramite.

Sobre el control de precios máximos del alquiler en barrios tensionados -petición de Unidos Podemos-, Saura ha indicado que es una "medida compleja desde el punto de vista legislativo, técnico y económico" y que "todo lo que se haga en este campo tiene que ser sólido suficientemente en lo jurídico" para no "generar un problema mayor", como sería "que se desincentive la oferta de alquiler".

Además ha recordado que esos topes explícitos a los precios del alquiler están en el acuerdo con Podemos pero para su desarrollo a lo largo de todo 2019, por lo que no se ha incumplido de momento el pacto firmado, así como que es una medida pensada solo para lugares puntuales y de forma temporal.

Saura también ha informado de que, al margen de la futura ley de vivienda, el Gobierno prepara otro proyecto de ley relacionado con la agilización de licencias administrativas para la construcción residencial.

Con esa ley tratarán de evitar "los problemas que se generan en los planes de ordenación urbana" y para su redacción Fomento está en contacto ya con otros ministerios implicados y con arquitectos y otros agentes del sector inmobiliario, así como ha invitado al centenar de miembros de la ACPE a participar.

Según ha explicado Saura, la intención del Gobierno es dar un nuevo rumbo a las políticas de vivienda, abandonando el enfoque hacia las casas de protección oficial para lograr tanto viviendas sin protección pero asequibles, como un parque público de pisos de alquiler social.

Solo el 2,5 % de las viviendas en España son ahora de alquiler social y el objetivo "a medio plazo" del Gobierno es llegar al 8 %.

Otro objetivo es reducir del 42 % al 29 % (media europea) el porcentaje de hogares que destina más del 40 % de su renta familiar mensual a la vivienda.

Para incrementar el parque público el Gobierno ha creado el Plan 20.000, con el que pretende que ese número de viviendas se incorporen como viviendas públicas sociales de alquiler en un plazo de seis años.

Se ha incrementado la partida para vivienda un 43 % hasta 650 millones de euros en el proyecto de ley presupuestaria para 2019, que incluye 140 millones para ese parque de vivienda social (en colaboración con Sepes) y 70 millones más de lo designado por el Gobierno anterior para el Plan Estatal de Vivienda plurianual en su apartado para 2019.

En la jornada ha participado la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza, quien ha reclamado colaboración a los promotores inmobiliarios para "despolitizar la vivienda" y les ha indicado que cuenta con ellos para la segunda fase del Plan 20.000, una vez que la entidad pública Sepes se encargue de la primera.

El presidente de APCE, Juan Antonio Gómez-Pintado, ha hecho hincapié en la falta de agilidad de los procesos administrativos para las licencias de construcción y ha instado a la digitalización de todo el procedimiento en todos los ayuntamientos, como ha hecho con éxito el de Rivas Vaciamadrid.