Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, ha perdido su pulso judicial frente al director de OKdiario, Eduardo Inda, por la publicación en mayo de 2016, poco antes de las elecciones generales, de una noticia titulada "El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas", información que el político reputa falsa.
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El Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid ha desestimado la demanda en la que el dirigente de Podemos reclamaba del medio digital una indemnización de 250.000 euros. El fallo puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid pero, de momento, Pablo Iglesias deberá pagar las costas del proceso en la primera instancia al haber visto rechazadas todas sus pretensiones.
La magistrada Gladys López Manzanares afirma en su sentencia, conocida por EL ESPAÑOL, que "la información sobre el posible cobro de más de 273.000 dólares por parte del sr. Iglesias en 2014 con origen en el Gobierno de Venezuela tenía una indudable trascendencia periodística por la proyección pública del demandante y por la relevancia del hecho, máxime cuando ya se habían producido otras noticias sobre supuestos cobros por parte del demandado y otros integrantes de Podemos en Irán y Venezuela, de los que se hicieron eco varios medios de comunicación".
La magistrada destaca que la información publicada tenía como base una investigación policial autorizada por el ex jefe de la Dirección Adjunta Operativa Eugenio Pino, que acudió al juicio a declarar como testigo. "Indudablemente", indica la sentencia, "la difusión de una investigación policial sobre la existencia de una cuenta a nombre del demandante en un banco off shore, con sede en un paraíso fiscal, y su relación con la orden de pago y autorización del mismo realizados por autoridades venezolanas no suponen sin más un ataque al honor del demandante. Es más, el periodista tiene no sólo el derecho a informar sino también el deber de comunicar hechos relevantes para el interés general de los ciudadanos, máxime al iniciarse en la época de publicación de la noticia el procedimiento para elegir un nuevo presidente para el país".
La jueza indica que, aunque Iglesias insiste en la falsedad de los hechos publicados, "este dato resulta irrelevante para valorar la prevalencia del derecho a la información de los demandados frente al derecho al honor del sr. Iglesias" ya que la noticia era "veraz", tal como sostuvo el letrado de la defensa, Juan Luis Ortega. "Los hechos publicados tenían su origen en fuentes policiales que disponían de la orden de pago y del memorando o autorización para ello", explica, y esos documentos fueron publicados por un medio de Miami con anterioridad a su difusión en España sin que Iglesias haya demandado a ese medio.
Datos contradictorios
En la audiencia previa al juicio Iglesias aportó las manifestaciones realizadas ante notario el 17 de agosto de 2016 por Nelson Lepaje Salazar, jefe de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela, según el cual la orden de pago es inexistente y ninguna autoridad venezolana emitió el pago contra fondos del país. Lepaje destacó la falta de automatización de la orden de pago pese a que el sistema automatizado ya estaba implantado en la fecha de su emisión y el cambio de nombre de uno de los Ministerios que habría autorizado el pago, asegurando que no se emiten órdenes en divisas y que el pago no estaba contabilizado.
"Pero de tales datos", contesta la magistrada, "no se extrae que el documento publicado no existiera o que fuera sin más falso. De hecho, el mismo día 6 de mayo de 2016 [fecha de la noticia], el presidente de la Asamblea de Venezuela, Henry Ramos Allup afirmó en un tuit (reconocida su autenticidad por la parte demandante en la audiencia previa) que Pablo Iglesias recibió al menos doscientos cincuenta mil dólares, manifestando que tenía copia del depósito ordenado por Marco Torres, firmante de la orden de pago controvertida que sirvió de base a la publicación".