CatLeaks: Un cártel de empresas catalanas encarecía los contratos de la Generalitat

No solo Convergència amañó contratos en Cataluña de forma sistemática. Además, medio centenar de empresas catalanas integraron durante años un cártel de espaldas a la Administración que pactó precios en los concursos públicos tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de Barcelona. El resultado, según la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, fue un perjuicio millonario para las arcas públicas que se prolongó al menos entre 2007 y 2011. 

Según la documentación que se revela hoy, al menos desde 2007 medio centenar de ingenierías catalanas se concertaron para pactar precios, evitar las ofertas a la baja dentro de las licitaciones y alterar así la cuantía que la Administración catalana pagaba por sus proyectos de obra pública. Una práctica completamente prohibida tanto por la legislación española como por las normas europeas de competencia.

Con el paso de los meses, el pacto entre las ingenierías catalanas fue creciendo tanto en número de participantes (81 empresas según la documentación consultada por este diario) como en los organismos públicos afectados. En septiembre de 2008, por ejemplo, el cártel se imponía en GISA, en la Agencia Catalana del Agua, en Regs de Catalunya, en Medio Ambiente, en el Consorcio Aguas de Tarragona, en Aigües del Ter-Llobregat y en el Ayuntamiento de Barcelona y todas sus empresas vinculadas (Bimsa, 22@, Foment Ciutat Vella, Pro-Nou Barris y Bagursa).

Para garantizar que ningún competidor hacía una oferta demasiado baja, los integrantes de "la hermandad" -como llegan a denominarla en alguna de sus comunicaciones- pactaron varias normas a la hora de acudir a las licitaciones. Eran acuerdos formales comunicados por medio de una cuenta de correo gratuita. Una dirección de Hotmail a nombre de una mujer llamada Nuria Bofill. “Queridos señores. Ante las informaciones que hemos recibido planteando si el pacto se ha roto, hemos de comunicar que EL PACTO CONTINÚA VIGENTE para todos los grupos acordados”, refleja un correo del 11 de enero de 2008 obtenido por este diario.

Junto al escrito, la cuenta de correo anónima adjuntó un archivo con las condiciones pactadas por los integrantes del cártel; la evidencia de que el medio centenar de empresas que recibieron el archivo estaban pactando precios de espaldas a la Administración. Y buscaron un sistema para no ser detectados:

“A) En las ofertas económicas, dentro de los G1 y G2 a presentar, no se puede hacer una baja superior al 9% e inferior al 2%  B) Nunca se puede hacer una baja con número entero (5%, 6%...) ni múltiplo exacto de 0,5%. [...] E) Solo una de cada cinco ofertas se puede ir a una baja de entre el 8.5%  y el 9 %”

Con estas medidas, el objetivo prioritario del cártel era que la Administración tuviera que pagar más por sus contratos al evitar la libre competencia. Por norma general, cada concurso público tiene una cifra tope llamada baja temeraria, un presupuesto mínimo para realizar la obra. La Administración considera que las ofertas que están por debajo de esa cota son irrealizables. Y las desecha directamente a la hora de entregar las licitaciones.

Según fuentes del sector, la baja temeraria en este tipo de contratos suele rondar el 20% del presupuesto. Sin embargo, el cártel desvelado hoy solo permite a sus miembros presentar ofertas con una rebaja máxima del 9%. Por lo tanto, si los competidores no estuvieran concertados, la Generalitat podría obtener rebajas que doblaran esa cifra. En total y solo en los contratos licitados por GISA, el sobreprecio abonado en solo tres años (2007-2010) ronda según estos cálculos los 20 millones de euros.

"Siempre me apunto a todas las fiestas"

Las empresas de ingeniería en Cataluña quisieron crear un coto cerrado para garantizar el reparto de las licitaciones entre sus miembros y la subida de precios. Y para conseguirlo, pactaron incluso los escalones en los que se tenía que mover cada empresa para que el pacto de precios no fuera detectado de forma estadística.

"Hemos acordado no improvisar excepciones a las normas aprobadas, pero dejando la posibilidad de que si alguno ve temas urgentes que se tienen que analizar (como por ejemplo la certeza de que irán a un concurso muchas empresas o particulares fuera de nuestro ámbito) se pongan en contacto con Núria para provocar, como ayer, una reunión urgente para debatir y decidir temas específicos", explica uno de los correos del cártel, enviado el 5 de diciembre de 2008.

Un mes después, otro correo refleja el temor a la presencia de empresas foráneas: "Se ha decidido que para Pro-Eixample Equipaments, solo la que se presenta el 19 de enero, vamos a cumplir el pacto (según lo que todo el mundo tenía previsto, dentro de los cuatro tramos), mas seis puntos. Es decir; al que le tocaba al 7,50 puede ir hasta el 13,50 de bajada. Todo esto se ha decidido como consecuencia de la previsión de concurrencia en este concurso de muchas empresas que no conocemos". 

Sin embargo, no todo fueron buenas palabras entre los integrantes del cártel. El 20 de noviembre de 2008 uno de los empresarios escribe directamente para quejarse sobre las decisiones acordadas en los concursos del Ayuntamiento de Barcelona de dar libertad en determinadas licitaciones. "Una vez admitido por todos de forma reiterada que todos los concursos del Ayuntamiento se realiza bajo tus condiciones, decir ahora, a cinco días vista de que se entreguen las propuestas que donde digo digo digo Diego me parece bastante impresentable", escribe el empresario, que firma el documento como Carlos Gracia.

"Aunque yo no pertenezco al grupo de íntimos de Núria [en referencia al nombre en clave del cártel] sabéis que siempre me he apuntado a todas las fiestas. Creo que algunos íntimos tuyos te manifestaron la semana pasada claramente el sentido de mantener el grupo. Por eso sigo sin entender a que obedece el cambio". 

Una vez más, la preocupación del grupo se centra en la entrada de empresas que puedan bajar el precio de las licitaciones, y en consecuencia, ahorrar dinero público. Una preocupación que se oculta tras un código sencillo. El de acudir a una celebración: "Si todos tus amigos y conocidos que pretenden ir a esta fiesta lo hacen manteniendo el pacto, veo muy complicado que los desconocidos que no sean temerarios puedan superar al mejor de tus amigos en más de cuatro puntos sobre 40". "¿Cuántos desconocidos de Núria se presentan a la fiesta del G1e? Cada día más. Y no por eso vamos a dejar de ir", explica el remitente, antes de hacer una última valoración: "Amigos y compañeros. Nos ha costado mucho alcanzar este nivel de hermandad como para dejarlo todo caer".

Perdón por ofertas demasiado baratas

El compromiso de los integrantes del pacto era tan fuerte que algunas empresas llegan incluso a pedir perdón a sus compañeros por presentar ofertas económicas demasiado buenas para la Administración.

El 9 de julio de 2008, la cuenta de Núria Bofill remite a todas las empresas concertadas dos mensajes distintos. Dos comunicados de socios que piden perdón tras haber enviado ofertas a la Generalitat demasiado baratas: "Cecsa ha salido con una baja del 18,96% que en ningún caso era nuestra intención. Por un error grave nuestro cogimos los presupuestos de licitación con IVA incluido. Me sabe muy mal ya que alguno me ha acusado de romper las condiciones [...] En cualquier caso esta empresa quiere renunciar a las condiciones establecidas. Desearía que se acepte nuestro error, que a todo el mundo le puede pasar".

No es el único caso. En el mismo correo, quien dice ser portavoz de Proyectos y Servicios aporta una explicación similar y recuerda que "en cualquier caso, no ha habido voluntad de romper ningún acuerdo". Una semana después es la firma Tec-4 la que pide disculpas. También hace lo mismo la consultora Auding el 22 de julio de 2008.

¿Quién es Núria Bofill?

Los pactos de precios se centralizaban siempre desde cuentas de correo gratuitas, más complicadas de rastrear que las oficiales de organismos públicos, ya que tienen los servidores en el extranjero.

La primera dirección, a nombre de Núria Bofill, fue abierta en Hotmail, el servicio de correo gratuito de Microsoft. Pero en julio de 2008 se crea una segunda cuenta, esta vez en Gmail. Surgen así la preguntas. ¿Quién maneja ese correo? ¿Existe realmente Núria Bofill o se trata de un alias para que nadie tenga repercusiones penales por concertar empresas?

Los documentos que maneja EL ESPAÑOL indican más bien la segunda opción, y vinculan a la persona que está detrás con el Colegio de Ingenieros de Cataluña y una asociación profesional llamada Asinca (Asociación Catalana de Empresas de Ingeniería). "Hay amigos de Núria que me han dicho que seremos poco competitivos con las ofertas y que no podremos optar [...] por otro lado, ni el gerente del Ayuntamiento ni el del instituto han recibido a Núria para explicar sus necesidades y para que, por tanto los interventores se ajustaran al pliego en la oferta económica", reza otro de los correos, que avalan el uso del nombre como una simple clave para referirse al grupo.

Varias de estas misivas refleja que las reuniones presenciales del grupo se organizaban en la sede que el Colegio de Ingenieros de Caminos tiene en la calle Vergós de Barcelona. Y aportan como método de contacto urgente un número de teléfono móvil. Un terminal atendido a día de hoy por un hombre que se ha negado a identificarse tras varias llamadas de este diario.

Por otro lado, entre los destinatarios de estos correos se encuentra también el actual presidente de Asinca, llamado Tomás Blai. A las preguntas de EL ESPAÑOL, Blai niega por completo cualquier pacto entre competidores y cualquier práctica de cártel. Algo que los mensajes de correo contradicen. "De acuerdo con la conversación mantenida con el señor Tomás Blai, os hacemos llegar la nota siguiente", reza otra de las comunicaciones, en la que un supuesto portavoz de Proyectos y Servicios SA pide de nuevo disculpas por "unas bajas mucho más elevadas" de las permitidas por el cártel.