Economía colaborativa

Bruselas enmienda a España y recomienda poner alfombra roja a Uber y Airbnb

La Comisión Europea plantea que particulares puedan ofrecer servicios sin tener que ser profesionales.

El CEO de Uber, Travis Kalanick.

El CEO de Uber, Travis Kalanick.

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Una enmienda a la totalidad de Bruselas a España. Y un traje casi a medida para los gigantes de la economía colaborativa. Primero fue la CNMC quien se encargó de sacudir el taxi y el sector hostelero reclamando una liberalización casi total de ambos segmentos. Ahora es Bruselas la que sale a escena para alinearse con compañías como Uber y Airbnb con unas recomendaciones de regulación que van en sentido opuesto a las ‘reglas del juego’ en el mercado español. La principal: aunque con límites, cualquier particular puede ofrecer un servicio sin licencia ni permisos públicos. Con una normativa así, ni Uber ni BlaBlaCar estarían sentados frente al juez.

Era un documento muy esperado por las empresas que operan en este sector, pero también por algunas administraciones que reclamaban un marco normativo bajo el que regular una actividad en plena expansión. Y no ha sido ninguna sorpresa: la Comisión Europea ha reclamado un impulso a este nuevo sector y que las nuevas reglas no supongan trabas para su desarrollo.  

Particulares vs profesionales

Una de las piedras angulares de la economía colaborativa es la consideración de la actividad de particulares como profesionales. En su momento, Uber fue suspendida cautelarmente con su servicio UberPop precisamente por contar con una flota de vehículos dirigidos por personas sin licencia de taxi ni de transporte. “Las prohibiciones absolutas de una actividad sólo deberían imponerse como último recurso”, asegura la Comisión.

Sobre esa perspectiva, Bruselas lo tiene claro: “Los Estados miembros también deberían diferenciar entre los ciudadanos que ofrecen un servicio de manera ocasional y los proveedores que actúan como profesionales”. ¿Cómo? Plantean el establecimiento de umbrales basados en el nivel de actividad.

“Airbnb siempre ha señalado que existiera un marco normativo para particulares; son individuos que tienen un empleo o dedicación distinta y que deciden alquiler un espacio en su casa para ganar un dinero extra”, explica Andreu Castellano, responsable de comunicación de la compañía.

Uber o BlaBlaCar, ¿empresas de transporte?

En España hay dos grandes casos judiciales en los que están implicados dos de las grandes compañías del sector: Uber y BlaBlaCar. En ambas se plantea una duda cuya resolución es clave: ¿Son empresas de transporte o meras intermediarias? Para dilucidarlo, el juez del primero de los casos ha solicitado una respuesta al Tribunal de la Unión Europea.

La Comisión Europea apunta: “Las plataformas no deben estar sujetas a autorizaciones o licencias si sólo actúan como intermediarios entre consumidores y aquellos que ofrecen el servicio en cuestión”. Por tanto, deja sin resolver si realmente la actividad de estas empresas va más allá de la unión de oferta y demanda.

Trabajadores o profesionales

La otra cuestión clave a la que se enfrenta el sector hay que encontrarla en la relación laboral entre usuarios y plataformas: ¿Son empleados? En España ha habido casos que han desembocado en inspecciones laborales y, posteriormente, un cierre. En Estados Unidos, firmas como Uber han llegado a acuerdos extrajudiciales para evitar el pronunciamiento de un juez sobre este gran dilema.

La Comisión pasa de puntillas sobre este asunto. Se limita a dar indicaciones de cuáles han de ser los criterios que sirvan para delimitar si existe una relación laboral. Entre ellos menciona la relación de subordinación a la plataforma, la naturaleza de su trabajo o la remuneración.

¿Mismos impuestos?

Sectores ‘tradicionales’ como los taxistas y hoteleros utilizan los impuestos como arma para criticar a estas empresas. Y lo hacen aduciendo que no hacen que sus usuarios paguen todos los impuestos y fomentan la economía sumergida. En este sentido, la Comisión entiende que los prestadores de servicios “deben pagar impuestos”.

Entre ellos incluye los impuestos sobre la renta de las personas físicas, el impuesto de sociedades o el IVA. “No hay razón para tratar a la economía colaborativa de manera diferente a los servicios tradicionales”, argumenta Bruselas.

La responsabilidad, ¿de la plataforma?

Otra de las aristas de este sector está en los límites de la responsabilidad de cada plataforma en la actividad que se lleve en ella o los usuarios que hagan uso. Empresas como Airbnb han recibido varias multas por anunciar pisos turísticos ilegales al no contar con el número de registro.

Y en este sentido, la Comisión no deja lugar a dudas y se pone del lado de las plataformas, al eximirlas de toda la responsabilidad “por la información que almacenan nombre de los que ofrecen un servicio”. Aun así, advierte de que no deberían quedar exentas de responder por los servicios que ellas mismas ofrecen, como por ejemplo los de pago.

Las consecuencias de estas ‘reglas’

Para las empresas, aún queda mucho camino por recorrer. “España está todavía muy lejos del objetivo marcado por la Comisión, pues ni siquiera ha eliminado las restricciones en la ley de transporte para profesionales, como le han pedido distintas instituciones europeas y la CNMC”, según aclaró un portavoz de Uber en España.

Para Airbnb, estas recomendaciones deben implicar un trabajo “de manera individualizada con las administraciones pues cada ciudad, cada país es diferente, con singularidades y necesidades distintas”. Pero esperan que el “liderazgo europeo permita que los ciudadanos de España disfruten de marcos similares a los de Reino Unido, París, Ámsterdam o Lisboa”.

A la espera de la CNMC

Esta es la enmienda de Bruselas a España y su normativa. Con este esperado documento sobre la mesa, ahora queda que los países miembros tomen cartas en el asunto. La Comisión está dispuesta a que no se quede en papel mojado y no sólo invita a que revisen y modifiquen la legislación vigente, sino que advierte de que supervisará el entorno regulatorio y hará un seguimiento concienzudo.

Entretanto, la institución europea estudia una denuncia de Uber contra España (y otras contra Alemania y Francia) por sus restricciones. Y otra contra Cataluña por su ley que limita los subalquileres de apartamentos en los que se basa Airbnb. Todavía no hay plazo para decidir, pero estas directrices apuntan a que Bruselas podría expedientar a España por sus restricciones.

Con todo, no es el único frente abierto. El de la CNMC es el segundo. Su informe sobre la economía colaborativa sacudió de manera definitiva al taxi (y al sector hotelero) y reclamó su liberalización eliminando la gran mayoría de las barreras de entrada. Este documento se ha sometido a consulta pública. Una segunda versión está a punto de ser presentada.

En la tarde de este jueves se cerró el círculo con la entrada en escena de Podemos. El partido de Pablo Iglesias ha defendido la "exclusión a Uber de la economía española". La razón:"Poner en riesgo a un sector laboral como el del taxi y atentar contra el sistema fiscal".