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Golpe al cártel de los pañales que se forró con la sanidad pública

La CNMC multa con 128 millones de euros a siete fabricantes gracias a la denuncia de Procter & Gamble, dueño de Ausonia.

Marín Quemada, presidente de la CNMC.

Marín Quemada, presidente de la CNMC. MADRID

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Durante catorce años, ocho fabricantes de pañales para adultos pactaron precios e intercambiaron información sensible sobre precios y concursos para sacar el máximo beneficio. Entre todos ellos controlaban el 95% del mercado de pañales para adultos y su principal víctima en todo este tiempo ha sido el dinero público de la Seguridad Social (SS), que en todos los casos era el principal cliente de los concursos mayoristas del sector y quien costeaba, a través de las recetas, la mayor parte del precio.

Ahora, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que preside José María Marín Quemada, ha tomado cartas en el asunto con una sanción sin precedentes en España: 128,8 millones de euros, la multa a la patronal del sector y sanción directa a cuatro directivos de las empresas implicadas. Es la primera vez que sucede y se convierte en un aviso a navegantes para otros expedientes sancionadores que se encuentra en proceso de investigación y próximos a su resolución.

Un negocio lucrativo y multimillonario

Según la CNMC, ocho empresas dedicadas a la fabricación, distribución y dispensación de productos absorbentes para la incontinencia grave de la orina en adultos (AIO, por su siglas en inglés) fijaron los precios de los absorbentes financiados por la Seguridad Social (Servicio Nacional de Salud) que se compran en las farmacias para los pacientes no hospitalizados. Las empresas sancionadas son Arbora & Ausonia (Procter & Gamble), Laboratorios Indas, SCA Hygiene Products, Laboratorios Hartmann, Ontex ID, Barna Import Médica, Textil Planas Oliveras y Algodones del Bages. Su facturación en España supera los 1.500 millones de euros anuales y para algunas de ellas, las más pequeñas, las compresas y pañales para la incontinencia urinaria eran su principal fuente de negocio. Desde Competencia descartan valorar el perjuicio ocasionado por este cártel, aunque fuentes del sector estiman en "cientos de millones" el rédito obtenido durante los casi quince años en que permaneció activo.

Por primera vez, Competencia ha puesto en su punto de mira a los directivos implicados en la creación y mantenimiento del cártel. Jordi Bozal de Febrer, directivo de Ausonia & Arbora, ha sido multado con 15.000 euros; Javier Martín Ocaña, de Indas (4.000 euros), así como las directivas de Fenin Margarita Alfonsel (6.000 euros) y María Aláez Usón (4.000 euros). Según la investigación, las prácticas monopolísticas tuvieron como epicentro la propia patronal del sector (Fenin) y sus grupos de trabajo sectoriales donde todos ellos participaban de forma regular. Sus ‘acuerdos’ iban encaminados a elevar los precios de los productos que vendían en concursos públicos de entre el 45% y 50% sobre su valor de mercado y a recurrir, para bloquearlos, aquellos procesos públicos con los que no encajaban en sus planes de precios. 

La CNMC ha contado con información de primera mano para poder desmantelar el cártel y sancionar a las empresas implicadas. Se trata de la multinacional estadounidense Proctect & Gamble (P&G), que ha sido el ‘chivato’ de la investigación a través del Programa de Clemencia de la CNMC. El grupo americano se encontró con este tipo de prácticas cuando compró Arbora & Ausonia en julio de 2012, que hasta entonces -y durante los hechos sancionados- perteneció al Grupo Agrolimen de la familia Carulla. “Los hechos acreditados en este expediente (...) se fundamentan en la información aportada por el solicitante de exención que incluye no sólo su declaración de clemencia, sino pruebas que datan del período en que se produjeron los hechos investigados, tales como resúmenes, anotaciones, correos electrónicos o faxes entre las entidades incoadas”, detalla la CNMC.

En un carta tras conocer la resolución, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) manifiesta su absoluta disconformidad con la decisión y ha manifestado que recurrirá la decisión ante la Audiencia Nacional. Además, la patronal se defiende atacando a las autoridades públicas implicadas. “El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas promovieron y firmaron convenios con todos los agentes de la cadena farmacéutica que ahora se consideran contrarios al derecho de la competencia”, asegura.

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El cártel de los pañales

La sanción de la CNMC ha sorprendido por su cuantía y contundencia, al tiempo que las prácticas denunciadas aúnan el intento de fraude a las administraciones y el encarecimiento de un producto caro y necesario para un grupo de población vulnerable: el de la tercera edad. “La incontinencia urinaria grave es por su gravedad, frecuencia y repercusión un problema que afecta a cerca de 2,5 millones de personas y tiene importantes consecuencias para la salud y la calidad de vida de personas de edad avanzada y con discapacidad”, lamentan los investigadores.

Por otra parte, las empresas participantes han utilizado una estrategia de interposición de recursos administrativos “de forma continua e insistente” frente a las licitaciones públicas convocadas por las autoridades sanitarias de distintas comunidades autónomas (CCAA) para adquirir y entregar directamente el producto a pacientes no hospitalizados (residencias de ancianos, centros de atención primaria). “Con ello, perseguían mantener los ingresos competitivos que les genera su comercialización a través del canal farmacia”.

El pasado mes de febrero, la autoridad de Competencia ya advirtió su intención de intensificar la lucha contra los cárteles que manipulan las licitaciones públicas. “Durante 2016 se impulsarán la imputación personal de los ejecutivos de empresas implicadas en delitos contra la competencia. Las empresas sancionadas por delitos de competencia no podrán contratar con la Administración”, dijo Marín Quemada.

Fue más allá y señaló a sectores concretos a los que “vigilará estrechamente”, entre ellos, la actividad de los mercados de telecomunicaciones y TV de pago; los derechos del fútbol; el sector agrícola; la economía digital; las profesiones colegiadas; la colaboración en materia de propiedad intelectual y el sector financiero. Durante 2015 se batió el récord de sanciones impuestas por infracciones de la normativa de competencia con 549 millones de euros.

Según los registros del supervisor, la mayor sanción ha correspondido a los fabricantes de automóviles con una multa total de 131 millones de euros, seguida de los 98 millones a 43 empresas activas en el sector de la gestión de residuos; los 88 millones a nueve industrias lácteas y dos asociaciones regionales; 58 millones para el cartel de los fabricantes de cartón o los 32 millones de multa impuestos a las grandes petroleras (Repsol, Cepsa, Disa). Ahora, los fabricantes de pañales se han subido a lo más alto y marcan un hito.