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Empleo instala un botón 'SOS' antipánico para proteger a los funcionarios

Las amenazas y agresiones a empleados públicos se ha incrementado un 33% en el último año. 

Los ataques afectan, sobre todo, a las oficinas de empleo

Los ataques afectan, sobre todo, a las oficinas de empleo Europa Press

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Cada cuatro días se produce una agresión a un empleado público. Por esto, la Función Pública ha activado las alarmas y ha puesto en marcha un Plan de Prevención y Actuación ante la Violencia Laboral. Y la medida estrella de este plan es el botón 'SOS' antipánico, un programa informático que permite lanzar un aviso a los compañeros indicando una posible situación de peligro. Activarlo es tan sencillo como pulsarla combinación Ctrl+F9.

Además del botón 'SOS', la Administración ha preparado una guía en la que se indica qué agresiones no se deben permitir bajo ningún concepto. También se añaden consejos para identificar indicios de agresividad en el usuario, cómo gestionar los conflictos, sistemas de defensa si la agresión va en aumento y consejos jurídicos para los afectados por agresión. Todo esto, reforzado con carteles que se situarán a la vista de los usuarios, donde se recuerda de manera explícita la prohibición de agredir a los funcionarios y las consecuencias legales de esta práctica.

Los golpes, empujones y zarandeos se duplican en sólo un año

El CSIF ha denunciado que las agresiones físicas se han duplicado en tan solo un año, pasando de las 39 de 2014 a 78 en 2015. Esto supone un ataque cada cuatro días. En concreto, entre 2014 y 2015 se registraron 895 situaciones violentas y solo en el último año se produjeron 549 casos de amenazas, de las cuales 78 fueron con violencia física, como golpes, empujones o zarandeos. La mayoría de estas amenazas se producen en las oficinas de empleo.

Asimismo, el CSIF reclama un reforzamiento de las plantillas y una formación adecuada para la detección de estas situaciones. En esta misma línea, pide medidas de protección y gestión de conflictos y promover una campaña ciudadana que promueva la dignificación del trabajo del empleado público, "una cultura de tolerancia cero hacia la violencia". Como última medida, propone considerar a todos los funcionarios como agentes de autoridad pública, como sí sucede con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el personal docente y el sanitario, para que el mero testimonio sea válido como prueba ante una agresión.