La Comunidad de Madrid (CAM) ha abierto un expediente disciplinario a los funcionarios que fueron detenidos en una operación policial contra una trama de fraude en las cotizaciones del paro, con un perjuicio tasado ya en cuatro millones de euros.

La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, de la que dependían, ya les ha suspendido de empleo y sueldo, confirman fuentes conocedoras de su situación a EL ESPAÑOL-Invertia.

A finales del pasado marzo, este periódico desveló la existencia de una causa judicial sobre este asunto, de cuya investigación se encarga el Juzgado de Instrucción número 52 de la capital, que tiene su sede en la Plaza de Castilla.

De hecho, el pasado viernes, un total de 12 investigados declararon ante el juez titular del mismo, Jesús de Jesús. El magistrado, además, prevé engrosar la lista de imputados, ya que citará a declarar a casi 400 personas que habrían sido beneficiarias del supuesto fraude. Gran cantidad de ellos son autónomos.

Tal y como publicó en exclusiva este diario, la Policía Nacional detuvo a tres funcionarios de los servicios públicos de empleo: uno, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y dos de la CAM. Por el momento, los delitos que se les atribuyen son los de estafa, falsedad documental y delito contra la Hacienda Pública. El SEPE, dependiente del Ministerio de Trabajo, ya se ha personado en la causa judicial como perjudicado.

Denuncia de la CAM

Fue la Comunidad de Madrid la que interpuso una denuncia ante la Policía Nacional, el 15 de diciembre de 2022, tras haber detectado que una funcionaria de una oficina regional de empleo accedía, desde el ordenador con el que teletrabaja, a ficheros sobre demandas de empleo. Para más inri, la empleada pública estaba de baja cuando fueron detectados los accesos a estas bases de datos, que se produjeron entre junio de 2021 y diciembre de 2022.

Las detenciones pusieron fin a una investigación policial que llevaba más de un año planificándose minuciosamente y en secreto.