El fraude de los carburantes se extiende hoy al 15% de las estaciones de servicio de España, según los datos actualizados proporcionados a este medio. Se trata de unas ventas superiores a los 25 millones de euros anuales.

En 2023, el fraude de IVA habría superado los 2.000 millones, según las estimaciones compartidas. "Hasta que no se adopte una medida que garantice el pago del IVA cuando el producto salga del depósito, esto no se va a frenar", advierten las mismas fuentes. 

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De hecho, otras voces consultadas estiman que en la actualidad siguen llegando a las estaciones de servicio entre un 20% y un 25% de propuestas de distribuidoras sospechosas de ser fraudulentas.

Desde la Asociación de Operadores Independientes del Sector Energético (UPI) confirman a este medio que las medidas que se han adoptado contra la modificación de la Ley del Sector de Hidrocarburos "no están funcionando como estaba previsto y necesitan ser completadas, mejoradas o directamente sustituidas".

De las 314 empresas que se han dado de alta entre 1996 y 2023 en el listado de operadores al por mayor de productos petrolíferos, 203 ya no se encuentran operativas. De estas, 83 han dejado de estar activas por haber sido inhabilitadas, lo que representa aproximadamente el 40% de las empresas dadas de baja.

Además, de estas 83 empresas inhabilitadas, 21 aparecen en la lista de morosos de Hacienda, alcanzando una deuda total de más de 374 millones de euros. Al menos el 25% de empresas inhabilitadas están directamente relacionadas con deudas pendientes con la Hacienda Pública.

Adicionalmente, existen otras siete empresas dadas de baja en el listado de operadores al por mayor (no inhabilitadas) que, a su vez, se encuentran en el listado de deudores a la Hacienda Pública.

Impactos

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) corrobora que cada vez observan más ofertas sospechosas. "El fraude que estamos viendo perjudica a nuestros asociados que sí están cumpliendo las normas. Las estaciones de servicio responsables están perdiendo clientes", asegura Nacho Rabadán, director general de la asociación.

María Ortiz, secretaria general de la UPI, explica que los defraudadores ni pagan el IVA que les corresponde ni cumplen las obligaciones medioambientales que les incumben, de modo que "se ahorran unos costes importantes y pueden ofrecer a las estaciones de servicio unos precios que resultan imbatibles para nuestras compañías".

Un hombre echa carburante a su vehículo en una gasolinera. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

"Estos sujetos y organizaciones mafiosas se hacen millonarios a costa de los demás, desaparecen antes de que la Administración les dé alcance y vuelven al mercado al cabo de un tiempo bajo otro nombre. Para nuestras compañías este fraude supone una competencia desleal brutal que pone en riesgo su supervivencia y los empleos que generan", asegura Ortiz.

Rabadán defiende que "es la Administración la que debe detectar a los operadores fraudulentos y no dejarles actuar en el mercado", con un aumento del actual control y la supervisión.

Entrada de mafias italianas

La liberalización del sector de los hidrocarburos que se llevó a cabo hace una década supuso la entrada de mafias organizadas que operaban en otros países, sobre todo en Italia. Estas organizaciones aterrizaron en España atraídas por las facilidades que presentaba el mercado para cometer fraude.

En su momento, Italia tomó medidas contundentes para evitar el fraude en el IVA de los carburantes. Las medidas italianas determinaron que el IVA se tenía que ingresar a la salida del depósito fiscal, siempre que no fuese un operador confiable (con un patrimonio neto elevado, activos en el país…). Así, el Estado otorgaba el título de operador, lo catalogaba como operador confiable o no confiable, y en el caso de pertenecer a este segundo grupo, le obligaba a pagar el IVA.

Pero ¿por qué todavía no se ha implementado una medida similar? Según afirman voces del sector petrolero, el ritmo legislativo es lento y deficiente. "Lamentablemente, el Gobierno no está puesto en lo que debe hacer, que es legislar, está a la captura de votos", aseguran fuentes sectoriales.

"En la Administración son conscientes del problema que tenemos, pero ellos nos transmiten que la actividad legislativa no es cosa suya y que los ritmos no son tan rápidos como querríamos", añaden. 

"Se va a canibalizar cada vez más los volúmenes del mercado, pero eso no es lo más preocupante", dicen. El trasfondo de todo esto es que "se están alimentando unas mafias organizadas, lo que puede llegar a corromper algunos ámbitos de la sociedad", denuncian. "Si cuando le quitas 30 o 40 millones de euros se genera un problema, imagínate lo que puede ocurrir cuando le quitas miles de millones. Mañana podemos tener gente con metralletas por aquí", aseguran.