De hecho, Francisco Polo, el actual Alto Comisionado de España Nación Emprendedora y su principal valedor, empezó a hablar de esta estrategia desde su incorporación a la Ejecutiva Federal del Partido Socialista y con mayor intensidad desde junio de 2018, cuando fue nombrado Secretario de Estado de Avance Digital (departamento hoy segregado en dos Secretarías de Estado).

Sin embargo, a pesar de los múltiples anuncios y promesas y de que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurara el pasado mes de febrero que esta Estrategia "es una pieza clave para la recuperación económica y social de nuestro país" y que "representa una misión de país por su potencial transformador", algunas de las medidas fundamentales para vertebrarla aún están sin tramitar, entre ellas la manida Ley de Startups.

La Estrategia España Nación Emprendedora es a 10 años vista, se estructura en torno a 50 medidas

Por partes. Esta estrategia es un documento a 10 años vista, que aspira a trascender la presente legislatura y se estructura en cuatro grandes ejes y un total de 50 medidas. Más concretamente, aglutina varias de las propuestas que en los últimos años el Ejecutivo se ha comprometido a emprender.

Entre ellas, la creación de una red nacional de incubadoras y aceleradoras (llamada 'Renace'), la canalización de nuevos fondos europeos para el fomento de las startups, la atracción de talento STEM internacional o programas para impulsar la igualdad de género en el emprendimiento, así como la creación de la marca 'España Nación Emprendedora', para ahondar en una imagen de unidad y de país innovador.

La Ley de Startups que nunca llega

Al presentar en febrero este documento, Pedro Sánchez también anunciaba que "en las próximas semanas" el Consejo de Ministros abordaría una demanda histórica: la aprobación el anteproyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, la conocida como Ley de Startups. Estamos en abril y aún no se ha abordado.

Es una normativa que está recogida en el acuerdo de Gobierno de coalición, lo que compromete a los dos partidos del Ejecutivo. Además, también aparece en todos los documentos que ha presentado el Gobierno en materia de transformación económica, como por ejemplo la agenda España Digital 2025.

Se trata de una ley que va a reconocer la especificidad de las empresas emergentes con alto potencial de crecimiento y generación de empleo, riqueza e innovación. Una ley que, en palabras de Sánchez, "facilitará la tramitación administrativa, ayudará a retener y atraer el talento necesario, impulsará el acercamiento entre la Formación Profesional, la Universidad y las empresas emergentes, e incluirá ventajas fiscales e incentivos de inversión".

Asimismo, dotará a esta tipología de compañías de una naturaleza jurídica especial que les ayude a captar talento y atraer inversión (mediante ventajas fiscales), así como medidas de simplificación administrativa. Sobre el papel todo bien.

La Ley de Startups (compromiso del Gobierno de coalición) reconocerá su naturaleza jurídica especial

El problema es que "cada mes que pasa sin la ley estamos sufriendo una pérdida de competitividad que afecta no sólo al ecosistema de startups, sino al conjunto de la economía española", reconocía a D+I a principios de este 2021, Carlos Mateo, portavoz de la Asociación Española de Startups.

Mateo incidía en que esta norma podría ser el punto de inflexión que el ecosistema español necesita para dar el salto de competitividad y de impulso que necesitamos. De hecho, advierte: "Hay países que están pisando el acelerador de estas políticas pro-startups y que pueden estar ganando la batalla de la competitividad por los fondos internacionales o incluso en la atracción del talento. Por eso no nos podemos quedar atrás".

¿Qué están haciendo nuestros vecinos europeos?

De hecho, Alemania, Francia y Reino Unido anunciaron durante el año pasado paquetes de inversión multimillonarios para ayudar a sus ecosistemas nacionales de startups. "Alemania anunció asimismo que mejoraría la fiscalidad de las stock options. Francia tiene ya ese régimen establecido", destacaba el portavoz de las startups.

"Si no aprobamos pronto una ley de startups ambiciosa, España como país puede quedarse fuera de las grandes ligas, a pesar del discurso sobre liderazgo en la transformación digital que emana del Gobierno", advertía Carlos Mateo.

En este sentido, para Miguel Vicente, socio de Antai, el Gobierno de España debería dibujar un plan integral para la transformación digital del modelo productivo. Así, en esta entrevista de hace tan solo unos meses, Vicente tomaba como una posible referencia a Francia.

Nuestro país vecino "ha lanzado un plan integral que incluye más de 3.000 millones de euros para el apoyo a la inversión en startups, que ha supuesto un espaldarazo a los fondos franceses de capital riesgo; la creación de espacios como Station F, de París, en otras ciudades".

Además, los franceses también apuestan por la compra pública innovadora de servicios de startups para "fomentar la creación de campeones digitales nacionales; el tratamiento fiscal de las stock options y de la reinversión… Todas esas son cosas que pedimos que se apliquen en España", exponía este emprendedor tecnológico.

"Alemania ha anunciado un fondo de 6.000 millones de euros para ayudar al sector tecnológico; Reino Unido ha anunciado otro de 2.000 millones… Lógicamente necesitamos planes parecidos para poder competir en igualdad de condiciones", incidía Vicente.

¿Y qué piden los emprendedores en nuestro país?

La Asociación Española de Startups lleva tres o cuatro años planteando que es necesario disponer de un instrumento legal como una ley para impulsar el ecosistema de startups en nuestro país. "No es un capricho, pues después de haber analizado lo que se ha hecho en otros países y teniendo en cuenta el modelo económico y social español, se necesita una norma que reconozca la singularidad de la startup como modelo de emprendimiento innovador".

Ese reconocimiento de la singularidad, así como "una definición flexible que sea lo suficientemente abierta para que todo el mundo del ecosistema se encuentre cómodo", son las condiciones que demandan para poder definir después, en el resto del articulado, las medidas concretas de políticas económicas que el sector está reclamando desde hace años.

Y en este punto, cabe definir qué es un startup para saber que englobaría esta norma. Para esta organización, "una startup es una organización o proyecto independiente de base tecnológica que surge con la misión de validar un producto, servicio o modelo de negocio claramente innovador y que tiene un alto potencial de crecimiento".

Los criterios para ser considerados como "emprendimiento innovador" deben ser flexibles, puntualiza Mateo, al tiempo que añade: "Se debería poder justificar si tiene más de un 15% de los costes dedicados a I+D+i o utiliza un 15% de esos costes a contratar personal que realice funciones de ese tipo".

Las startups reclaman un modelo de regulación proinnovación y reducir la burocracia

En definitiva, lo que demandan es que exista "un sello startup" que reconociera esta actividad y que sirviese como "una especie de pasaporte para evitar tener que estar todo el tiempo perdiendo el tiempo en burocracia y en externalizar trabajos a consultoras para poder presentar tu proyecto a un programa de innovación".

Asimismo, además de una reducción drástica de la burocracia a la hora de crear, hacer crecer y cerrar startups, desde la asociación exigen que se modifique el papel del sector público, de modo que "apueste por invertir junto a fondos privados en capital riesgo y que impulse un modelo de regulación proinnovación, como lo ha hecho en el caso del sandbox del sector fintech".

Un ecosistema innovador ‘sano’

A pesar de todo estos retrasos, para Miguel Vicente, el ecosistema de las startups en España "goza de buena salud" y su respuesta al parón económico de los últimos meses habría sido buena, al menos en términos relativos.

Así, en 2020, "desde el punto de vista de negocio, los fundamentales y las métricas de las empresas digitales han crecido con fuerza". Y, desde el punto de vista de la financiación, "observamos que en España se han cerrado mayor número de operaciones de pequeño tamaño (fases semilla), si bien ha habido menos megarrondas (C, D…) con lo cual el volumen de inversión total es menor", observaba este experto al cerrar el año.

"Esperamos que 2021 sea un gran año para las startups", vaticinaba. "Hay más liquidez que nunca en los fondos de capital riesgo", destacaba, en referencia a la ampliación o la creación de los nuevos vehículos inversores de Kibo Ventures, de Samaipata o de Seaya, a las buenas rentabilidades de los primeros fondos de Inveready, a la inauguración de nuevos emplazamientos de Barcelona Tech City…

"Vamos a ver también más inversiones de los fondos corporativos y más adquisiciones, porque los grandes grupos van a tener más interés en comprar compañías tecnológicas. Por eso, creo que vamos a ver más movimiento y más rondas de financiación por parte de los fondos de capital riesgo".

Pero, para hacer realidad estas estimaciones, entre otras medidas, para este 2021 los emprendedores han pedido al Gobierno flexibilizar el requisito de que los inversores internacionales tengan que pedir un NIE. Se trata de una reclamación histórica de los emprendedores, que recordaron durante la primera consulta pública de la aún esperada Ley de Startups (en enero de 2019)

Exigen resolver un aspecto administrativo aparentemente sencillo, pero que deja "atónitos" a los inversores extranjeros: la exigencia de pedir un NIE para participar en una ronda de financiación.

Para poder registrar una ampliación de capital en el Registro Mercantil, los inversores extranjeros necesitan un número de identificación fiscal (NIE). Y para obtenerlo, es necesario personarse en una comisaría o bien acudir a un notario para emitirle un poder apostillado a otra persona.

No se trataría de eliminar la existencia del NIE, sino de flexibilizar su exigencia para las inversiones en startups. El sector confía en que esta cuestión se resuelva en la mencionada y ansiada Ley de Startups.