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El PPdeG propondrá la jubilación de médicos a los 72 y BNG y PSdeG lo tachan de "ocurrencia"

El portavoz del PP en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy, recordó que "en Galicia xa levamos comprobada a eficacia da posibilidade da prolongación do servizo activo desde o 2016, cando se permitiu a solicitude de prórroga ata os 70 anos"
Doctores consultando un historial clínico.
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El PP de Galicia solicitará al Gobierno de Sánchez en el pleno de la semana que viene que se impulsen las modificaciones legales oportunas para permitir que el nuevo régimen de jubilación activa mejorada para médicos de familia y pediatras de atención primaria pueda aplicarse a estos profesionales hasta los 72 años. Por su parte, PSdeG y BNG califican la propuesta de "ocurrencia" de la Xunta y critican que "no va a servir para solucionar los problemas de la sanidad gallega".

Los populares demandarán esta edad de jubilación dentro del apartado de proposiciones no de ley, argumentando que así se lleva a cabo en otros empleos públicos como los jueces o magistrados y a raíz de la aprobación por parte del Gobierno central en diciembre de la jubilación activa de médicos y pediatras de atención primaria. El portavoz del PP en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy, recordó que "en Galicia xa levamos comprobada a eficacia da posibilidade da prolongación do servizo activo desde o 2016, cando se permitiu a solicitude de prórroga ata os 70 anos, a idade máxima permitida pola lei".

Por esta razón, os populares confían en que su propuesta, unida a las condiciones extraordinarias que formula el Gobierno de España, hagan atractiva esta opción para los profesionales sanitarios y así "contribuir a resolver el problema de falta de médicos existente a nivel nacional", concluyeron.

"Otra ocurrencia más"

Los grupos de la oposición en la Cámara gallega (BNG y PSdeG) consideran que la propuesta de ampliar la edad de jubilación a médicos de atención primaria es "otra ocurrencia más" de la Xunta que no va a servir para solucionar los problemas de la sanidad gallega, a lo que el PP ha respondido que nacionalistas y socialistas "no están siendo muy razonables" en sus planteamientos sobre la situación sanitaria.

La situación de la sanidad gallega será de nuevo el gran protagonista del próximo pleno del Parlamento gallego que celebrará el 7 y 8 de febrero la segunda sesión ordinaria de 2023, para la que el BNG y PSdeG han elegido la sanidad como asunto para su careo con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. "Llevamos hablando muchos meses de sanidad, pero son los mismos meses que la Xunta y la Consellería de sanidade no son capaces de atajar la situación", ha aseverado el portavoz socialista, Luís Álvarez, que dirigirá su pregunta a Rueda acerca de los "problemas estructurales" del sistema sanitario público de Galicia.

También es el asunto elegido por la portavoz nacionalista Ana Pontón, como ha avanzado la viceportavoz frentista en la Cámara Olalla Rodil al término de la junta de portavoces que ha configurado el orden del día del pleno de la próxima semana, en el que cuestionarán a Rueda si "cree que puede tapar con propaganda el desastre sanitario de su gobierno". En este sentido, Rodil y Álvarez creen que la propuesta de Sanidade de retrasar la edad de jubilación de médicos es "otra ocurrencia" del Gobierno gallego para "no responder" a las necesidades "reales" que pasan, según han manifestado ambos portavoces de la oposición, por poner fin la "precariedad" en el Sergas.

"Lo que hay que hacer es dejar de recortar", ha espetado la diputada nacionalista, que ha aseverado que el problema de la sanidad gallega es "la precaridad" de las condiciones laborales de los profesionales, que los "expulsa" de Galicia "y merma la calidad" del servicio a la ciudadanía. Para Álvarez, esta iniciativa refleja que la Xunta "da palos de ciego" ante un problema que, según ha subrayado, era "totalmente previsible" ante las jubilaciones esperadas para estos años y que revela la "falta de previsión total" de la Consellería de Sanidad.

"La oposición, en asuntos de sanidad, aunque hay matice entre ellos (BNG y PSdeG), no está siendo muy razonable en sus propuestas", ha respondido el portavoz popular, Pedro Puy, a preguntas de los periodistas. Así, ha defendido que la ampliación de la edad de jubilación es "una solución plausible" en un momento "de escasez" de profesionales ante el que el Gobierno "no atiende otras medidas" como la convocatoria de más plazas MIR.

Apuesta de la CIG por la dedicación exclusiva de médicos de la sanidad pública

La CIG-Saúde defiende "activamente" y apuesta por "potenciar" la dedicación exclusiva de los médicos que trabajan en el Servizo Galego de Saúde (Sergas), de modo que aquellos que lo compatibilizan con el sistema privado no puedan cobrar el complemento específico, que ronda los 900 euros brutos mensuales.

El sindicato nacionalista defiende esta postura a favor de la exclusividad de los facultativos frente a otros colectivos que reclaman a la Consellería de Sanidade una mayor compatibilidad entre los sistemas público y privado. De hecho, el sindicato médico O'Mega está en plena ronda de consultas para decidir si convoca una huelga, con el complemento específico en el foco de sus reivindicaciones. Frente a esta postura, el secretario nacional de CIG-Saúde, Manuel González Moreira, señala en un comunicado que está "plenamente justificado" que los médicos que "se comprometen a trabajar en exclusividad para el sistema público se les retribuya de una manera especial ese compromiso de no trabajar también para otra empresa". Moreira insiste en que ese compromiso "contribuye positivamente a la calidad del sistema público".

Por un lado, "permite evitar el potencial conflicto de intereses que se origina cuando una médica o médico de la sanidad pública trabaje también en la sanidad privada", algo que es "especialmente evidente" en caso de puestos de jefaturas. Por otro, tal y como subraya el responsable de CIG-Saúde, potenciar la dedicación exclusiva, que debe retribuirse "adecuadamente", facilita que los sanitarios del Sergas puedan disponer "de más tiempo para su actualización profesional".

Por lo demás, González Moreira argumenta que en las empresas privadas existen medidas como las que recoge el artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores, que habla del "pacto de no concurrencia" que impide que una persona trabaje para otras firmas en base al principio de evitar la competencia desleal, lo que "no se considera discriminatoria la diferencia salarial".

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