La ley que cambió en Galicia: 400.000 empleadas de hogar podrán cotizar por desempleo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy en el transcurso de la apertura del curso político en un acto con ciudadanos en Moncloa, que el Consejo de Ministros aprobará mañana la cotización por desempleo de las empleadas de hogar.
La noticia llega tras una sentencia histórica lograda por la lucha de una trabajadora gallega por obtener el derecho al paro y que afectará a unas 400.000 mujeres en toda España. Así, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoció el pasado mes de febrero la demanda de esta trabajadora y manifestó que la normativa española era discriminatoria por razón de sexo y contraria al Derecho de la Unión. El tribunal europeo señaló que la imposibilidad de cotizar por desempleo de este colectivo, compuesto mayoritariamente por mujeres, constituía "una discriminación indirecta por razón de sexo en el acceso a las prestaciones de seguridad social".
Tras la sentencia, el Gobierno había anunciado que tomaría medidas para paliar esta situación y que se haría a lo largo de 2022. Hoy, el presidente del Ejecutivo central ha asegurado que la normativa para que las trabajadoras del hogar tengan también derecho al paro se resolverá mañana. Según ha establecido Sánchez, "con esta medida ponemos fin a una injusticia inaceptable, somos coherentes con el compromiso del Gobierno de reconocer derechos laborales y la dignidad laboral a distintos colectivos que han sido preteridos durante muchos años y asumimos como propio un mandato de la Organización Internacional del Trabajo".
Cautela hasta ver el texto
Según señala Javier de Cominges, el letrado vigués que representó a la empleada de hogar gallega y que ha logrado una sentencia que cambiará la legislación laboral en España, "hay que ser cautelosos hasta ver el texto, pero el plazo me parece razonable porque han tenido que estudiar el impacto, cómo va a afectar a las familias, a las empleadas de hogar, al mercado laboral, y eso es cierto que no se puede hacer de un día para otro".
No obstante, el abogado laboralista del despacho gallego Vente ha recordado la urgencia de dicha modificación. "Lo más urgente y que se tenía que regular de manera inmediata era el tema del desempleo y cotizaciones porque ahí ya no hay excusa, hay una sentencia y no se puede demorar".
¿Nuevos derechos para las empleadas de hogar?
La sentencia del TJUE que ponía en jaque la normativa española motivó que el Ejecutivo recuperase también una demanda histórica de las empleadas de hogar sobre la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, tras conocerse la sentencia, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apuntó que los cambios en la normativa irían más allá de la sentencia europea, en defensa de un colectivo que estuvo apartado de cualquier legislación laboral hasta hace una década, cuando empezaron a cotizar en la Seguridad Social.
"Al poner en el escenario público la situación de las empleadas de hogar la ministra dijo que quería modificar más cuestiones que podían afectarles, como el desistimiento o las indemnizaciones por despido. Habrá que ver qué pasa finalmente, si aprovechan la ocasión para regular otra serie de materias o no", señala el letrado de Vento.
Otra de las cuestiones que derivan de la sentencia y de la normativa discriminatoria española hacia las empleadas de hogar corresponde al tema de la retroactividad, En este sentido, Javier de Cominges asegura que no cree que vaya a haber retroactividad, sino que "la cotización será, probablemente, a presente ya futuro, pero surge otra cuestión, que es qué pasa con las empleadas de hogar que no han podido cotizar hasta a fecha, ahí se va a generar también un problema", sostiene.
Mañana se conocerán los resultados inmediatos de esta sentencia histórica lograda desde Galicia, en la que los derechos de las trabajadoras del hogar inician un nuevo rumbo. Sin embargo, es probable que aún quede mucho camino por recorrer. Los tipos de la nueva cotización para este colectivo es aún una incógnita y la carga económica sobre las familias empleadoras, con cotizaciones a la seguridad que superan los 300 euros generará, probablemente, un nuevo debate.
