Abel Caballero (FEMP) urge al Gobierno la regulación de las zonas de bajas emisiones
- La salida del AVE España-Portugal que pasa por Galicia llegará antes de 2040, según Transportes
- Transportes defiende en Vigo su modelo de peajes para evitar desequilibrios territoriales
- Raquel Sánchez anima en Vigo a una "planificación urbana con perspectiva de género"
VIGO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado que junto con el departamento de Transición Ecológica, el Gobierno trabaja para redactar la regulación de las zonas de bajas emisiones, una normativa que el presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, urge para poder dar seguridad jurídica a las actuaciones de los ayuntamientos.
Así ha quedado reflejado en las declaraciones de ambos, a preguntas de los medios antes de la participación en el II Foro para la Agenda Urbana, que se ha celebrado en el Auditorio Mar de Vigo de la ciudad olívica este lunes, también con la participación del secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas.
Así, preguntada acerca de que la mayoría de los ayuntamientos no van a cumplir con la Ley de cambio climático, Raquel Sánchez ha dicho que, en primer lugar, esta cuestión "hay que verla" y ha defendido que las entidades locales "están haciendo un gran esfuerzo para adaptarse a la ley".
"Y desde luego, también desde el Gobierno, por parte del Ministerio de Transición Ecológica, para que las ciudades puedan cumplir", ha dicho, si bien ha rechazado que no puede "hacer hipótesis" sobre si se va a producir una moratoria (como en días pasados pidió la FEMP) puesto que no es competencia de su departamento.
Eso sí, ha dicho que el Ministerio y el Gobierno "están trabajando para aprobar ese reglamento que falta", pero ha recordado que los ayuntamientos "tienen ya una guía para crear las zonas de bajas emisiones" y que hace "muchos años" que algunas ya iniciaron el camino para "adaptarse" a ese camino y hacer sus ciudades "más amables".
Sobre la moratoria, ha dicho que le corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, pero ha puesto el acento en que el Gobierno de Pedro Sánchez es "dialogante y va a ser sensible con las dificultades que se planteen".
En días pasados, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) pidió al Gobierno ampliar a 2024 la obligación de implantar zonas de bajas emisiones (ZBE) ya que todavía no se aprobó el decreto a falta de unos meses para concluir 2022.
La Ley de cambio climático aprobada en 2021 recoge que las ciudades de más de 50.000 habitantes, junto con las de más de 20.000 que superen determinados umbrales de contaminación, deben contar con una zona de bajas emisiones antes de 2023. En estos lugares se restringe el acceso de los coches más contaminantes.
Peticiones de la FEMP
En este escenario, y a preguntas de los medios este lunes, el presidente de FEMP y alcalde de Vigo ha destacado que en el caso de la ciudad olívica se hizo un "avance" y tienen "delimitadas" las zonas de bajas emisiones, pero "es imprescindible" que se apruebe el decreto para poder desarrollar esta cuestión.
"Tenemos tres zonas reservadas y establecidas, hay una ley pero necesitamos el decreto de desarrollo, que es donde se van a dar las circunstancias concretas y especificidades", ha explicado el regidor vigués, quien ha dicho que el riesgo de avanzar es que haya que "volver a empezar de nuevo". "Estamos a la expectativa del conocimiento de ese decreto", ha enfatizado Abel Caballero.
"Dificultades jurídicas"
Como presidente de la FEMP, ha dicho tener constancia de que muchas ciudades están a la expectativa del decreto y ha manifestado la "convicción global" de que la determinación de zona de emisiones cero "es un avance muy importante". "Pero es bueno que esperemos al desarrollo legislativo, porque sin él no se puede avanzar", ha considerado.
Caballero ha agregado, además, que no cree que sea necesaria establecer una moratoria, puesto que, al no haber norma, no se podría "sancionar". En este sentido, ha advertido de la existencia de "dificultades jurídicas" de ayuntamientos para la aplicación, por lo que ha insistido en esperar al "desarrollo legislativo".
