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Un juicio por estafas a aseguradoras suspendido por un error de la Fiscalía de Pontevedra

El fiscal justificó la suspensión de la vista oral diciendo que "no pudo preparar el juicio" porque no se le había notificado. La cita se pospone para dentro de un mes, con veinte acusados pendientes de sentencia

PONTEVEDRA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un error interno de la Fiscalía de Pontevedra ha llevado a la suspensión de un juicio previsto para este martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial contra veinte acusados de haber estafado a compañías aseguradoras, fingiendo accidentes de tráfico y falsas reparaciones a raíz de las inundaciones de Vilagarcía del año 2006.

La sesión tenía que haberse iniciado a las 10.15 horas, pero el representante del Ministerio Público acudió a la sala de vistas una hora y media más tarde. Según explicó el fiscal ante el tribunal, "por un error en el funcionamiento de la Fiscalía", no se le notificó hasta esta mañana que había este señalamiento.

"No pude preparar el juicio", esgrimió el fiscal ante los magistrados, con el fin justificar la suspensión de la vista oral.

Todos los abogados de la defensa se opusieron a la suspensión. "No es aceptable la disculpa", afirmaba uno de los letrados, que advirtieron que el fiscal "conoce el asunto desde hace años" y que este descuido de la Fiscalía "no puede seguir perjudicando" a sus defendidos.

Además añadieron "razones de lógica" e incluso de economía procesal para sacar adelante la sesión, mientras que los abogados de las compañías aseguradoras afectadas apuntaron de manera unánime que el motivo alegado por el fiscal "no es causa de suspensión".

Tras unos minutos de reflexión, el tribunal acordó la suspensión y decidió trasladar este juicio para el próximo 21 de octubre.

El fiscal pide penas para los procesados que oscilan entre el año y los cinco de prisión. En concreto, acusa a los veinte sospechosos de estafar a compañías aseguradoras fingiendo accidentes de tráfico y falsas reparaciones.

La causa procede del juzgado de instrucción número 1 de Pontevedra. El Ministerio público solicita además de la prisión, multas a razón de 10 euros al día durante un periodo de entre seis y doce meses (según el acusado) y se plantean indemnizaciones a las aseguradoras con cantidades que oscilan entre 1.400 y los 35.000 euros.

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