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Empresarios de Vigo y Mos piden que se controlen las "conductas abusivas" de comuneros

Aemos y Aveeca han pedido a la Xunta que incluya en la futura Ley de Montes algún método de control para que la legislación no satisfaga únicamente "los intereses de determinadas comunidades de montes"
Monte Faquiña.
AEMOS
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VIGO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios de Mos (Aemos) y la Asociación de Vecinos y Empresarios de Cabral (Aveeca) han remitido a la Xunta sendos documentos con un conjunto de propuestas para que sean tenidas en cuenta en el actual debate en torno a la futura Ley de Montes, con el objetivo de establecer un control sobre las "conductas abusivas" de determinados comuneros.

Tal como han indicado en un comunicado, entre estas se encuentran las acciones emprendidas por los comuneros de Santa Marina de Cabral, en Vigo, y las sucedidas en Tameiga, Mos. En el primero de los casos, han presentando denuncias contra empresas y particulares para reclamarles el suelo que ocupan en la actualidad basándose en levantamientos administrativos del siglo XIX. En el caso de Mos, la comunidad de Montes gestiona actualmente el Polígono de Monte Faquiña, donde un juez ha dado la razón a cuatro empresas que denunciaron una subida excesiva del canon.

Todo ello después de que la Consellería de Medio Rural abriese el pasado mes de abril un periodo de alegaciones que finaliza este martes, 24 de mayo, durante el cual particulares y colectivos podrían enviar aportaciones y sugerencias para la futura Ley de Montes vecinales en mano común.

Ambas asociaciones han lamentado la "inseguridad jurídica y económica" que existe con el actual marco legal que, a su juicio, perjudica tanto a particulares como a empresas y solo satisface "los intereses de determinadas comunidades de montes que no se paran ante el drama personal que supone perder sus casas".

Entre las propuestas, se solicita que se tenga en cuenta la situación de empresas e industrias que se encuentran en monte comunal, de modo que puedan continuar desarrollando su actividad y evitar su deslocalización después de haber invertido durante décadas en infraestructuras e instalaciones. Otra de las peticiones es la de establecer un mayor control fiscalizador y actuaciones internas sobre las comunidades de montes.

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