Dos hermanos policías serán juzgados por el presunto asesinato de su compañero en Ourense
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense ha concluido la investigación sobre la sustracción de armas y la muerte de un agente en la Comisaría de la Policía Nacional de Ourense en abril de 2016. Consecuentemente, ha acordado transformar las actuaciones para su enjuiciamiento ante el Tribunal del Jurado, pues considera que los dos hermanos policías investigados podrían ser autores de un delito de asesinato u homicidio y de un robo con fuerza.
La jueza destaca en el auto, contra el que cabe presentar recurso, que, de las diligencias practicadas, se desprenden indicios de que ambos agentes, "de forma conjunta y planificada", sustrajeron seis armas del interior del búnker de la comisaría y, cuando estaban siendo investigados por eso y con el objetivo de conseguir su impunidad, "hicieron uso de una de ellas para propinarle un disparo en cabeza a su compañero, atribuyéndole el envío de anónimos y la sustracción de las armas". En el auto, relata que los dos investigados, que desempeñaban "funciones de importancia en la comisaría", y la víctima mantenían una relación de amistad y compartían la afición por el tiro. La instructora afirma que, al llegar un nuevo comisario, "se vieron desplazados por otros compañeros policías, fueron trasladados de su puesto de trabajo y privados del uso de la galería de tiro".
"Los dos hermanos se sintieron menoscabados profesionalmente: querían continuar con sus funciones, con sus despachos y con el uso de la galería de tiro", asegura la jueza, quien sostiene que, al se ver privados de todo eso, "trataron de perjudicar a los compañeros con los que tenían rivalidad profesional, tratando, entre otras cosas, de recuperar la plaza que tenían y el uso de la galería de tiro". También trataron de perjudicar a los mandos policiales "por retirarles parte de las funciones y por otras desavenencias profesionales". Por su parte, el fallecido, según el auto, "quería mejorar en su profesión, pues pretendía el puesto de armero de la comisaría".
Un plan para perjudicar a otros compañeros
La magistrada manifiesta que, para conseguir su objetivo, los dos hermanos "urdieron un plan, que el fallecido conocía, y crearon rastros falsos de acceso a datos reservados con las claves de otros policías para perjudicar sus titulares". Además, segundo señala la instructora, "accedieron al búnker de la comisaría sin autorización para llevarse seis armas y enviaron escritos anónimos a la unidad de asuntos internos atribuyendo todos estos hechos a otros policías". La magistrada subraya que, tras iniciarse las investigaciones, que en abril de 2016 llegaron a apuntar como autores los dos hermanos, "miedosos de que su compañero terminara por confesar, prepararon su muerte".
En concreto, la instructora afirma que existen indicios de que el 9 de abril de 2016, entre las 15:55 y las 17:00 horas, uno de los dos hermanos agentes (B.D.) efectuó un único disparo a la cabeza de la víctima, la cual falleció de forma inmediata en un despacho de la quinta planta de la comisaría. Mientras, su hermano, que lo había trasladado a las dependencias policiales, esperó la que se introdujera en el coche para abandonar ambos las instalaciones.
"Para evitar la investigación, trataron de simular un suicidio mediante la realización de un único disparo, la colocación del arma sobre a mano del fallecido, introduciéndola debajo del pantalón, manipulando el lugar en que se produce la muerte para asegurar la detección de residuos de disparo en la mano que efectúa el disparo, realizando el envío de un correo electrónico desde el correo del fallecido atribuyéndose la autoría de los anónimos y de la sustracción de las armas y realizando el envío de un mensaje desde el teléfono a un grupo de WhatsApp", asegura la magistrada, quien resalta que actuaron así "para hacer que las autoridades creyeran que su compañero había decidido acabar con su propia vida por sentirse culpable del sucedido".
Pruebas incriminatorias
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense enumera entre los "hechos básicos y de singular potencia acreditativa" el hallazgo de ADN de los investigados en el papel con pólvora que fue localizado bajo el cuerpo sin vida del agente, así como que la vaina (parte del cartucho que contiene la carga de pólvora) encontrada junto al cadáver fuera idéntica a la hallada en los armarios de los dos investigados, pues ambas son de la fábrica Santa Bárbara del año 2000.
Además, la jueza destaca que la pólvora localizada debajo del cadáver y en el jersey que vestía el fallecido es "idéntica" a la hallada en el interior de un cartucho encontrado en los armarios de los dos hermanos, al tiempo que subraya que se localizaron residuos específicos de disparo en el papel ubicado bajo el cuerpo de la víctima y en la parte trasera de su jersey "en cantidad superior a la que corresponde a un disparo". En el auto también resalta que la corredera del arma estaba abierta y sin cargador debajo del cuerpo, una circunstancia que señala que, tal y como indican los informes periciales, "no es posible", ya que "en el tiempo que transcurre desde el disparo hasta que le atraviesa la cabeza no es posible hacer movimiento voluntario alguno". Así, incide en que "no es posible sacar el cargador después de muerto".
Escena manipulada
En el despacho en que fue hallado el cadáver del policía se encontraban tres de las armas sustraídas en el búnker de la comisaría entre finales de 2014 y febrero de 2015. La instructora afirma en el auto que la ausencia de ADN de la víctima en dos de las armas (la tercera fue con la que presuntamente se disparó), "permite inferir que no es el fallecido quien las toca y las pone allí", al mismo tiempo concluye que "carece de lógica que no haya ADN de la víctima si él mismo las hubiese dejado allí una vez tomada la decisión de matarse y de enviar un mensaje reconociendo la sustracción".
En el auto, la instructora también manifiesta que es "absolutamente ilógico e inverosímil que se dispare por la culpa de cometer unos hechos en los que no intervino", pues indica que los datos de geolocalización del fallecido lo sitúan "fuera de los lugares y momentos en que se crean las cuentas, la nota anónima o se envía el primer anónimo".
"Son múltiples y unívocos los indicios obtenidos en la instrucción practicada, si bien con no pocas dificultades, por cuanto la propia simulación, en su caso buscada voluntariamente, hizo extraordinariamente dificultoso el hallazgo de evidencias", señala la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense. El auto en el que ordena la transformación de las actuaciones en procedimiento para ser enjuiciado por el Tribunal del Jurado no es firme, pues contra él cabe presentar recurso.
El Sindicato Unificado de la Policía defiende "el buen nombre de la Policía Nacional"
Desde el Sindicato Unificado de la Policía quisieron poner en valor el "trabajo exhaustivo y exigente de la Unidad de Delincuencia Especializada de Violencia de la Comisaría de Ourense", así como la "determinación" mostrada por el Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad de As Burgas para esclarecer la muerte de Celso Blanco.
El abogado del SUP, Jorge Álvarez, defendió "el buen nombre de la Policía Nacional", subrayaron desde el sindicato, así como los intereses del personal afiliado.
