Condenado el funcionario vigués al que un constructor pagó servicios de prostitución
VIGO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha dictado sentencia condenando a 4 meses y medio de cárcel (pena conmutada por una multa de 2.430 euros) y a 10 meses de inhabilitación al funcionario del Ayuntamiento de Vigo, Álvaro C. C., por un delito continuado de soborno, y a quien el constructor Enrique A.P. pagó servicios de prostitución para obtener beneficios en los procesos de contratación de obras públicas.
La sentencia ha sido dictada en sala este miércoles tras un acuerdo de conformidad entre las partes, por lo que no ha sido necesaria la celebración del juicio (que iba a ser con un tribunal de jurado). Con ella se cierra el último capítulo de la llamada Operación Patos, que investigó en su día supuestos amaños en licitaciones públicas de varias administraciones en Vigo, Pontevedra y otros municipios.
En el transcurso de la vista, celebrada a última hora de la mañana de este miércoles, los acusados se han mostrado conformes con el acuerdo alcanzado, así como con las penas. De esta forma, la presidenta del Tribunal ha dictado sentencia 'in voce', que ha sido declarada firme en el propio acto tras renunciar todas las partes a recurrir.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el funcionario tuvo al menos dos citas con prostitutas concertadas y pagadas por el empresario, una atención del constructor a este hombre por su cargo y responsabilidad en el Ayuntamiento, donde participaba en procesos de adjudicación de obras.
El ministerio público pedía inicialmente para Álvaro C. C. un año de prisión y tres de inhabilitación, y para Enrique A. P. solicitaba 9 meses de cárcel. La vista por estos hechos fue suspendida en dos ocasiones anteriores, una por un problema en la constitución del jurado y otra por la ausencia de un testigo.
Penas conformadas
En concreto, tras el acuerdo de este miércoles, el proceso se cierra con ambos acusados declarados culpables de sendos delitos continuados de soborno, si bien en los dos concurre la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
Por ello, Álvaro C. C. ha sido condenado a 4 meses y 15 días de prisión, pena que ha sido sustituida por nueve meses de multa, a razón de 9 euros al día. Además, ha sido inhabilitado para empleo y cargo público durante un periodo de 10 meses.
Por su parte, el empresario Enrique A. P. ha recibido la misma pena de prisión, que también ha sido sustituida por el total de 2.430 euros de multa. En su caso, ha aceptado la accesoria de inhabilitación para profesión o industria relacionada con la construcción o la contratación pública durante 4 meses y 15 días.
Operación Patos
La conocida como Operación Patos investigó en los últimos años supuestos amaños, prevaricación, tráfico de influencias y otros delitos, en relación a la adjudicación de obras públicas en localidades de la provincia de Pontevedra.
Esta trama saltó a la luz pública en febrero de 2014, cuando fueron detenidos cuatro empresarios y un concejal de Nigrán. A lo largo de la instrucción judicial llegaron a estar investigados casi medio centenar de empresarios, políticos y funcionarios de Vigo y otras localidades de la provincia, y la causa se separó en varias piezas.
No obstante, casi todos los procedimientos fueron archivados porque, según indicó la Fiscalía en su día, muchos de los hechos y comportamientos, si bien "reprochables", no eran calificables como delitos.
De los múltiples frentes abiertos por la Operación Patos, solo llegaron a juicio cuatro piezas. Una de ellas, referida a obras en Nigrán, se saldó con un acuerdo de conformidad. En otra, por la adjudicación de una obra en el Puerto de Vigo, tanto el gerente de la constructora Eiriña como los otros acusados fueron absueltos.
También llegó a juicio una adjudicación de una obra de un campo de fútbol en Moraña, a raíz del que el expresidente de la Diputación de Pontevedra Rafael Louzán y la delegada de la Xunta en Pontevedra Luisa Piñeiro, fueron condenados a dos años de cárcel y 8 de inhabilitación; y el caso del supuesto soborno mediante el pago de servicios de prostitución, sobre el que se ha dictado sentencia este miércoles.
