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Sociedad

Confirmado por el BOE: la indemnización que puede cobrar Óscar Puente después de su dimisión como ministro

El exministro de Transportes y Movilidad Sostenible puede percibir durante dos años una compensación por su paso por el Gobierno.

Más información: Óscar Puente dimite como ministro de Transportes y renuncia a ir en las listas para el 29-N tras la tragedia de Urda

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Óscar Puente ha dimitido como ministro de Transportes tras los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz, después de casi tres años al frente del Ejecutivo.

Según la Ley 3/2015, Puente tiene derecho a percibir una indemnización por cese del 80% de su sueldo, lo que equivale a unos 5.700 euros brutos al mes.

La prestación se mantendría durante un máximo de dos años, pero es incompatible con cualquier otro ingreso público o privado.

El exministro tiene un plazo de 15 días hábiles para decidir si solicita la compensación o si renuncia a ella, como ya hicieron otros antecesores.

"Un ministro de Transportes no puede continuar en su cargo con dos accidentes de gravedad en menos de un año". Con estas palabras, Óscar Puente comunicaba su dimisión como ministro durante su comparecencia ante la Diputación Permanente.

Tras la tragedia de Urda, todavía con el recuerdo de Adamuz presente, Puente respondió a la presión de la oposición y sus socios de Gobierno, que reclamaban su dimisión.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible se despedía así de su cargo después de casi tres años en el Ejecutivo.

Con su salida del Gobierno y su intención de no concurrir en las listas electorales del PSOE, surge la cuestión de si tiene derecho a percibir una compensación por cese, una prestación temporal prevista para determinados altos cargos.

No es una pensión especial ni vitalicia. Se trata de una indemnización a la que Puente, como ministro del Gobierno, puede tener acceso y que está regulada por la Ley 3/2015, publicada en el BOE.

La indemnización de Puente

Dicha ley permite que miembros del Gobierno, los secretarios de Estado y determinados altos cargos asimilados y miembros de órganos constitucionales puedan cobrar una indemnización tras su cese.

En relación a la cuantía y la duración, esta equivale al 80% de la retribución anual que percibían en su cargo, abonada en mensualidades.

Tomando como referencia la retribución bruta anual de un ministro, fijada en de 85.513,24 euros brutos, Puente podría acceder al 80% de esa cantidad. Esto se traduce en 68.410,66 euros brutos al año, equivalentes a 5.700,89 euros brutos mensuales.

Asimismo, la compensación puede cobrarse durante un periodo equivalente al tiempo que se haya permanecido en el cargo, con un máximo de dos años.

En el caso de Puente, el exministro de Transportes entró a su cargo el 21 de noviembre de 2023. Por tanto, al haber permanecido en el Ejecutivo durante casi tres años, alcanzaría el límite máximo legal de dos años de indemnización.

Además, durante su comparecencia manifestó su intención de no formar parte de las listas del PSOE en las elecciones generales del 29-N.

De ese modo, si no percibe ninguna otra retribución pública o privada, Puente podría cobrar la indemnización correspondiente a su salida del Gobierno.

Así, en la práctica, Óscar Puente podría cobrar una indemnización de unos 5.700 euros brutos al mes durante dos años. Sin embargo, el artículo 7 de la Ley marca que estas percepciones son incompatibles con cualquier retribución ya sea pública o privada.

De tal manera, el exministro no podría ni desempeñar otro cargo público ni trabajar en entidades privadas mientras percibiera la indemnización. Además, tendría la obligación de declarar sus actividades, bienes y derechos ante la Oficina de Conflictos de Intereses.

A pesar de tener derecho a esta prestación, la decisión final es del propio Puente. Si finalmente opta por cobrarla tras su dimisión como ministro, deberá comunicarlo en un plazo de 15 días hábiles.

De hecho, si decide renunciar a la indemnización, se sumaría a otros exministros que también rechazaron esta compensación tras abandonar el Ejecutivo.

Por ejemplo, entre los miembros del Gobierno de 2023, solo Alberto Garzón e Irene Montero aceptaron cobrar la indemnización.

Mientras tanto, otros políticos como Miquel Iceta, Ione Belarra o Pilar Llop renunciaron expresamente a la indemnización.

Otro caso es el de Pablo Iglesias, que optó por cobrarla durante unos meses tras dejar el Gobierno, aunque posteriormente renunció a ella para poder colaborar en prensa y radio.