Multa de 3,6 millones a Alquiler Seguro por “prácticas abusivas”: así debes reclamar para recuperar tu dinero

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ratificado la multa de 3,6 millones de euros contra Alquiler Seguro por “prácticas abusivas” a sus inquilinos. El ministerio bajo la batuta de Pablo Bustinduy considera que la empresa vulneró los derechos de los consumidores "aprovechando su posición de predominio de mercado".

Alquiler Seguro va a recurrir la multa a los tribunales, y lo hará en la vía contencioso-administrativa, ya que considera la resolución de Consumo como “injusta y arbitraria”, recalcando que sus servicios son legales.

Más allá del ‘tira y afloja’ entre el ministerio y la empresa, la pregunta que se hacen las personas afectadas (es decir, los inquilinos) es cómo deben reclamar para poder recuperar su dinero.

Pasos a seguir

Aquellos arrendatarios que consideren que se les ha cobrado la gestión del arrendamiento, la imposición de seguros o la contratación de servicios no solicitados deben dar una serie de pasos para recuperar su dinero.

El primer paso que deben tener en cuenta los afectados es reunir la documentación necesaria para poder demostrar el daño. Hablamos del contrato de arrendamiento, recibos, e-mails, whatsapps o cualquier otro tipo de información relacionada con el asunto, como campañas publicitarias.

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Con todo esto en su ‘bolsillo’, el segundo paso es usar los canales oficiales de Alquiler Seguro. Es decir, su correo electrónico (consultas@alquilerseguro.es, o sai@alquilerseguro.es). También se puede llamar al 910 775 775.

Aquellas personas afectadas también pueden acudir a las diferentes oficinas de la compañía repartidas por todo el territorio nacional.

Otra opción, sobre todo a partir de una respuesta no satisfactoria por la empresa, es la de acudir a otros canales como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que dispone de un servicio concreto para realizar este tipo de reclamaciones.

Tampoco deben olvidar a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC). Y, como último recurso, acudir a la vía judicial.

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Conviene recordar, tal y como apuntan desde la OCU, que desde mayo de 2023, tras la modificación de la Ley por el Derecho a la Vivienda, los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato de alquiler deben ser asumidos por el arrendador.

Es decir, que las agencias inmobiliarias no pueden exigir ni imponer al arrendatario ninguna comisión o gasto por la intermediación realizada para la suscripción del contrato.

Asimismo, la OCU remarca que cualquier servicio adicional “sólo puede cobrarse si ha sido solicitado o aceptado de forma voluntaria por el inquilino, mediante un contrato independiente, con información clara, transparente y detallada sobre el servicio prestado y su precio”.