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Pospuestas al 3 de febrero las declaraciones de acusados en el juicio de la patronal gallega

Uno de los procesados no se presentó debido a una enfermedad renal que padece ni hoy ni el miércoles, cuando el principal acusado se acogió a su derecho a no declarar
Juicio por fraude de subvenciones en la patronal gallega.
Europa Press
Juicio por fraude de subvenciones en la patronal gallega.
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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juicio por fraude de subvenciones en la patronal gallega a finales de los años noventa suspende los interrogatorios pendientes a acusados hasta el 3 de febrero debido a la enfermedad de uno de los procesados. Para este viernes estaba fijada la segunda jornada de este juicio, en la que estaban previstas las declaraciones de tres acusados que faltaban por tomar la palabra. Sin embargo, la ausencia de uno de los investigados por enfermedad renal, que ya no estuvo presente en la primera sesión del miércoles, ha obligado a posponer los interrogatorios.

Por su parte, el abogado del Estado ha anunciado que se retira de la causa al no mantener el interés en ella porque el "SEPE ha cobrado todos los perjuicios derivados de la misma", según ha explicado el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña (con sede en Santiago), Ángel Pantín. Con todo, el juicio proseguirá este miércoles, 26 de enero, con la toma de declaración como testigos a trabajadores de la patronal gallega. Mientras, los abogados de las defensas han informado de la renuncia a diferentes testificales.

En la primera sesión, el principal acusado por un supuesto delito de fraude de subvenciones a finales de los años noventa en la patronal gallega, Rafael Sánchez Sostre, que fue secretario de la CEG hasta el año 2000, se acogió a su derecho a no declarar. Fiscalía pide para él cuatro años de prisión y una multa de dos millones de euros.

Los otros ocho acusados se enfrentan a peticiones de dos años de prisión y multas que oscilan entre los 50.000 y los 500.000 euros. Entre ellos hay socios, gestores y representantes de empresas organizadoras de cursos de formación por supuestamente apropiarse de fondos públicos destinados a tal efecto entre los años 1996 y 1999.

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