La política fiscal de la Xunta apunta ahora hacia las rentas más bajas
Gobierno central y comunidades autónomas recruceden su guerra fiscal. Al impuesto para ricos anunciado por el ejecutivo central, y que ha suscitado no pocos debates, se suman numerosas iniciativas tributarias protagonizadas por las comunidades autónomas; medidas que tratan de contrarrestar los devastadores efectos de la inflación, que arrasa los ahorros de los hogares gallegos mes a mes, pero que, además, ponen de manifiesto los desacuerdos y la confrontación en el panorama político nacional.
La Xunta de Galicia, que ya se ha manifestado en contra del gravámen estatal contra las grandes fortunas, anunció hace pocos días la ampliación de la bonificación del impuesto de patrimonio en la comunidad, que pasará de un 25% al 50% en el presupuesto de 2023. Rueda avanzó también la pasada semana que el Ejecutivo autonómico tomaría "decisiones en materia fiscal para proteger la actividad empresarial y a las personas". Y así se ha materializado de nuevo.
Ahora, el alivio fiscal se centrará en los contribuyentes con rentas medias y bajas -de hasta 35.000 euros- y se llevará a cabo con una deflactación del tramo autonómico del IRPF del 4,1% (que es el incremento medio del salario común nacional del 1º semestre del año). Esta iniciativa trata así de adecuar los tipos a la situación de elevada inflación y de evitar que los incrementos salariales no conlleven un salto de tramo en el IRPF que suponga un perjuicio para el poder adquisitivo de los contribuyentes.
Además, Galicia ha tomado una segunda medida dirigida a las rentas más bajas por la que reducción del tipo en el primer tramo (hasta 12.450 euros), que pasará del 9,4% al 9%, lo que sitúa a la comunidad gallega como la segunda con menores impuestos en este tramo.
¿A quién beneficia la deflactación?
La nueva medida adoptada por la Xunta de Galicia beneficiará, según han señalado desde la Consellería de Facenda, a los 3 primeros tramos del IRPF así como a los mínimos personal y familiar (aquella parte de la renta que, por destinarse a satisfacer las necesidades básicas del contribuyente, no se somete a tributación).
Estas medidas beneficiarán al conjunto de los contribuyentes gallegos, más de un millón y medio de personas, pero en mayor medida a los que tienen rentas más bajas. Un 89% de esos contribuyentes tiene una base liquidable de menos de 33.000 euros.
"Con estas dos decisiones, el Gobierno gallego refuerza su propia senda y su propio modelo fiscal, que busca blindar los servicios públicos y favorecer a las rentas medias y bajas", explican desde la Consellería de Facenda.
Con carácter retroactivo
La deflactación del IRPF tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022, por lo que los contribuyentes verán reflejada esta rebaja en la declaración de la renta que se inicie en abril de 2023 y que corresponda todo este ejercicio fiscal.
Según estimaciones de la Xunta, esta nueva medida fiscal permitirá a los gallegos ahorrar más de 46 millones de euros en la próxima renta. De este modo, "cada ciudadano podrá ahorrar hasta 450 euros en la próxima declaración". “Los gallegos pagaremos los impuestos necesarios para garantizar unos servicios públicos de primer nivel. Todo lo demás quedará a la disposición de las familias”, indicó el presidente de la Xunta.
Otras medidas
Este mismo mes, Alfonso Rueda hacía otro anuncio en relación a la política fiscal autonómica, en esta ocasión dirigido a las familias con hijos a su cargo: aquellas unidades familiares con dos hijos tendrán las mismas ventajas fiscales que las que tienen tres o más.
Rueda ha confirmado el techo de gasto para el próximo año, que ascenderá a 12.600 millones, con un incremento del 8,2% con respeto al del 2022, permitirá combatir “el invierno del descontento” tal y como calificó el secretario general de la ONU, António Guterres la situación de los próximos meses a causa de la crisis global.
Sin duda, toda iniciativa que dé un respiro a la complicada situación económica actual será bien recibida por los hogares gallegos.
