La planta de Alu Ibérica en A Coruña, intervenida por evidencias de "descapitalización"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 May. (EUROPA PRESS)
El juzgado central de instrucción número 3 de Madrid ha decretado la intervención judicial de las sociedades Iberian Green Aluminium Company, Alu Holding Spain, Alu Holding AVL, Alu Ibérica AC y Alu IBérica AVL. Esta medida, dictada en un auto con fecha del 27 de abril, se toma por tiempo de seis meses, "prorrogándose, en su caso, por períodos iguales de seis meses".
Son designados como administradores judiciales funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Intervención General de la Seguridad Social. La intervención se deriva de la investigación iniciada por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón a raíz de la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas en relación con el proceso de venta de las plantas de la empresa Alcoa en Avilés y A Coruña.
Responde, después, a la petición del Ministerio Fiscal de Anticorrupción, que el pasado 12 de marzo solicitó que se adoptase esta medida cautelar de intervención judicial de las sociedades, según explica el auto. Además, no interrumpe la actividad empresarial.
El juzgado advierte la intervención como la medida "más adecuada y proporcionada en este momento procesal, por cuanto de lo hasta aquí
señalado se evidencia la indudable necesidad de adoptar las cautelas precisas para evitar que durante la sustanciación del presente procedimiento, las entidades querelladas puedan realizar operaciones que incidan en la hasta el momento indiciaria actuación de descapitalización y despatrimonialización de las empresas y los centros de producción de A Coruña y Avilés".
La adopta, así, "en aras a salvaguardar los derechos y expectativas de los trabajadores de la empresa o grupo de empresas, y de los acreedores y/o Administraciones Públicas eventualmente perjudicados, que pudieren resultar afectados por las prácticas, sujetas a investigación, de los actuales gestores y administradores".
Anticorrupción fue la que planteó que se designe como interventor de dichas sociedades a uno o varios funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o de la Intervención General de la Administración del Estado, y se requiera la autorización del interventor para la realización de actos que excedan de la ordinaria administración de los bienes de las sociedades intervenidas, incluyendo como tales los actos de disposición de activos de la empresa.
"Canal para detectar capitales"
El juzgado relata los sucesivos procesos de compraventa que afectaron a las plantas para añadir que, en el marco de dicha adquisición, "se puede identificar una operación que evidenciaría la descapitalización de las empresas Alcoa Inespal Avilés S.L. y Alcoa Inespal Coruña S.L.".
"Además de contribuir a la imposibilidad de reflotarlas con el consiguiente perjuicio a los acreedores y trabajadores, habrían sido desviados en beneficio de Blue Motion Tecnhologies", apunta. De este modo, System Capital Management "habría servido de canal para detraer capitales de las plantas de producción, en lo que en este momento inicial de la instrucción, no puede sino valorarse como un acto de vaciamiento patrimonial de los mismos".
La querella
La querella se presentó por hechos que, a juicio del sindicato, son constitutivos de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal, y se dirigía contra, entre otros, Víctor Rubén Domenech y las sociedades Alcoa Inespal SLU, Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL y Parter Capital Group.
En el auto de admisión, la magistrada ofició a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que realizase "una investigación integral respecto de las personas físicas y jurídicas contra las que se dirige la querella", para el esclarecimiento de los hechos y de forma previa a resolver sobre las diligencias pedidas por los querellantes.
Registros
Después de eso, ya el pasado mes de marzo, la Policía Nacional desarrolló un operativo por la supuesta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio que eran propiedad de Alcoa en A Coruña y Avilés, en el marco de una investigación dirigida ya por este juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Los registros se saldaron con tres detenidos que declararon en la Audiencia Nacional, y una cuarta persona que iba a ser detenida se encontraba de viaje pero fue también citada a declarar ante la jueza María Tardón.
Agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo esta actuación en las provincias de Madrid, A Coruña, Asturias, Málaga y Castellón, y la operación incluyó un total de once registros en domicilios de personas físicas y jurídicas, entre ellos los propios centros de producción y un despacho de abogados.
La investigación, dirigida por dicho juzgado y coordinada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, perseguía la obtención de pruebas de cara al esclarecimiento de los hechos y la salvaguarda de los derechos de todos los posibles perjudicados por tales actuaciones. En el operativo participaron más de 100 funcionarios policiales de distintas especialidades de la organización central y territorial de la Dirección General de la Policía, incluida la unidad central de delincuencia económica y fiscal (UDEF), además de integrantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El comité, seguro del "engaño"
El presidente del comité de empresa de Alu Ibérica en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, ha valorado la intervención judicial de esta planta y la de Avilés, que en su día eran de Alcoa y vendió al Grupo Parter, que a su vez las transfirió después a Riesgo. Con esta decisión judicial, Corbacho ve "evidencias claras" del "engaño" y la "estafa" que supusieron esas operaciones, en las que "se vaciaron" las factorías. Por ello, además de la intervención del juzgado, reclama que entre la sociedad estatal de participaciones industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Industria, a gestionar las plantas, para "salvaguardar" la actividad y los puestos de trabajo.
La medida judicial la ve "sorpresiva" aunque "esperada dada la deriva que estaban tomando las fábricas", con una situación "preocupante" dadas las "continuas paradas". Dispuestos a colaborar "en todo lo necesario para salvar el futuro de la planta", el comité reclama "que se persone la SEPI para hacerse con la gestión de las plantas" y también la intervención de Alcoa, que cree la "gran responsable" de lo ocurrido.
Así, demanda la "máxima presión desde la autoridad laboral para hacer pagar al responsable de esta estafa". "La gran responsable es la multinacional Alcoa, como promotor y sostenedor de estos presuntos delincuentes. Obró de mala fe y nos llevó a un engaño tremendo", asevera el portavoz del comité.
En este sentido, interpreta que "Alcoa no quiere responsabilidad sobre el cierre de las plantas pero lo busca ante cualquier otra salida". "Busca a quien quiere vender y vende en las condiciones que pacta y al mismo tiempo patrocina a quien compra las plantas y los mantiene durante un tiempo", expone. Por ello, insiste en que Alcoa, a su juicio, "debería ser una de las empresas intervenidas para dar solvencia a cualquier decisión judicial" que se tome.
Por su parte, Alcoa asegura respetar las decisiones judiciales y cooperar con las autoridades. Fuentes de la compañía recuerdan que vendió las plantas de Avilés y A Coruña en 2019 a Parter Capital Group en una venta "que fue avalada por el Gobierno español y apoyada por los representantes de los trabajadores". Posteriormente, según añaden las mismas fuentes, Alcoa presentó una demanda contra Parter relacionada con la venta de acciones en las dos plantas.
