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Galicia pide a España que presione para que Bruselas frene el veto a la pesca de fondo

La conselleira do Mar, Rosa Quintana considera que el Gobierno central debe buscar aliados "para paralizar este despropósito"
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La conselleira do Mar, Rosa Quintana, expuso hoy la necesidad de que España acuda mañana al Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea con la intención de hacer presión ante Bruselas de la mano de otros países afectados -como Francia o Irlanda- con el objetivo de que recapacite y frene la prohibición de la pesca de fondo en cerca de un centenar de áreas de aguas comunitarias publicada el pasado lunes en el Diario Oficial de la UE.

La representante de la Xunta explicó en una entrevista en la Radio Galega que el Gobierno central debe buscar aliados para paralizar este despropósito, que entraría en vigor el próximo 9 de octubre, y hacer que el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, rectifique. "Debe dar un paso atrás ante el malestar del sector y la contestación social y revisar la aprobación de ese reglamento de ejecución con los últimos datos e informes disponibles", indicó Rosa Quintana.  

La titular de Mar subrayó además que la Comisión Europea excede con esta normativa el marco en el que se ampara para su puesta en marcha, un reglamento del año 2016. Esa norma congelaba la huella pesquera, por lo que se entiende que no se pueden ampliar ni reducir las zonas autorizadas a faenar, algo que no ocurre en este caso. De hecho, ese reglamento permitió trabajar a la flota con normalidad en los últimos seis años.  

Por eso, en caso de que las gestiones políticas en el Consejo de Ministros de mañana no den frutos, Galicia defiende la necesidad de que España recurra esta prohibición ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solicite su suspensión temporal, pues su entrada en vigor sería un golpe mortal para la flota. La conselleira recordó que el Gobierno central cuenta con el apoyo unánime tanto de las comunidades autónomas afectadas -Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Andalucía- como del sector pesquero, por lo que no se entendería que el Gobierno central no recurriera esta medida ante la Justicia.

La representante del Ejecutivo gallego incidió en que el Estado es el que está legitimado para presentar ese recurso y que todas las autonomías contribuirían en la busca de argumentos jurídicos y datos con los que justificarlo.

Gran impacto en el sector

Rosa Quintana apeló a la necesidad de que los tribunales sean conscientes de que este veto tendría un gran impacto en una actividad económica fundamental para la producción de alimentos de calidad. "En un momento en el que tanto hablamos del cambio climático, no se puede olvidar que la obtención de proteína marina tiene una baja huella de carbono y nula huella hídrica al tiempo que estamos ante un sector que viene acreditando que trabaja ajustado a las normas establecidas en el seno de la UE", indicó.

En esta línea, destacó que desde 2012 la mayoría de caladeros en los que faena la flota gallega está en niveles de rendimiento máximo sostenible (*RMS), lo que significa que el volumen de capturas actual garantizadoras a continuidad de la actividad en el futuro.

Contactos

Ante esta situación, Galicia sigue manteniendo contactos con otras comunidades autónomas afectadas con el objetivo de hacer una frente común contra la decisión adoptada por Bruselas. En este sentido, la titular de Mar anunció que la próxima semana se celebrará una reunión en Santander de las cuatro comunidades del Cantábrico -Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco- más Andalucía para mostrar unidad en el rechazo al reglamento de la Comisión Europea y exigirle que rectifique.

Rosa Quintana recordó que Bruselas no aportó dictámenes biológicos ni socioeconómicos que sustenten su propuesta, una falta de argumentos sólidos que hace que la decisión se esté adoptando en base a datos parciales y sin actualizar. Galicia defiende que todas las artes de pesca son respetuosas con el medio ambiente si se emplean bien y lamenta que el Ejecutivo comunitario dé prioridad a las tesis medioambientalistas por arriba de las aportadas por los científicos y el propio sector.

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