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Opinión

Derechos digitales efectivos para todos, sin importar donde residan

Acabar con la brecha digital que padecen las zonas rurales ha dejado de ser una utopía para ser una realidad que se puede alcanzar antes del año 2025, porque es posible conectar a todos los hogares y empresas de Galicia sin necesidad de costosas infraestructuras. Es necesario el esfuerzo de todos para garantizar el derecho de acceso a una conexión de alta capacidad, sin importar el lugar donde residan.
Pere Antentas
Por Pere Antentas

Hace menos de un año (julio de 2021) el Gobierno español aprobó la Carta Derechos Digitales, una declaración que trata de adaptar los principales derechos y libertades reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución Española al nuevo entorno digital y que debe guiar la acción pública y de las administraciones. 

La iniciativa, que no tiene carácter normativo, ha sido imitada por la Comisión Europea y el pasado mes de enero (2022) propuso al Parlamento y al Consejo Europeos una Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales, que sirva de marco de referencia para los ciudadanos y las empresas y que obligue a las autoridades e instituciones a trabajar por una transformación digital centrada en el ser humano.

Son, sin duda, los primeros pasos y aún queda mucho camino por recorrer para que se puedan hacer efectivos todos los derechos digitales. Pero también constituye un hito relevante porque esta Carta de Derechos Digitales permite a los ciudadanos exigir a las autoridades que establezcan las medidas necesarias para que todos puedan disfrutar de ellos. 

Todos los derechos recogidos en esa declaración son fundamentales para el desarrollo de una sociedad moderna, pero para su cumplimiento es esencial que sea efectivo el Derecho de acceso a internet que defiende el “acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población”. Además, conmina a los “poderes públicos” a impulsar las políticas necesarias para garantizar el acceso efectivo de todas las personas a los servicios y oportunidades que ofrecen los entornos digitales, la no exclusión digital y combatir las brechas digitales, en especial la territorial y la económica, entre otras.

¿Utopía?

Hablar en Galicia de acabar con la desigualdad territorial y económica, en el ámbito digital, puede sonar a utopía. Sobre todo, si pensamos que es la comunidad con mayor dispersión poblacional, con más de 30.247 núcleos de población. 

La situación actual también invita al pesimismo. Galicia aún está lejos de cumplir el objetivo del Plan España Digital 2025 que establece que ese año el 100% de la población debe tener acceso a una conexión de, como mínimo, 100 Mbps. Según los datos que maneja el propio Gobierno español, tan solo el 71% de los gallegos tiene una conexión de esta capacidad, frente el 84% de España. 

Además, tan solo el 5% de los núcleos de población de Galicia cuentan con conexión de 100 megas para el 100% de sus residentes. En el 84% de los núcleos de población, en los que viven el 21% de los habitantes de la comunidad gallega (unas 570.000 personas), no tiene acceso a una conexión de 100 Mb.

Por tanto, la conexión digital de alta capacidad se concentra en los grandes núcleos urbanos o entornos de las grandes áreas metropolitanas y margina a la población y a las empresas de los ámbitos rurales. Es una situación que discrimina a casi 800.000 gallegos por la razón del lugar en el que residen, aunque tienen los mismos deberes como ciudadanos. 

Hasta el momento, el despliegue de la fibra óptica fue realizada por las grandes compañías que han concentrado sus actividades en las áreas más pobladas, pero se han olvidado de las poblaciones rurales, ya sea por razones de escasa rentabilidad económica, porque resulta imposible llevar la fibra a esas localidades, o por apriorismos sociológicos, que sostienen que en el rural solo viven personas mayores y que “no utilizan internet”.

Discriminación 

Cualquiera de esos argumentos son una discriminación para unos ciudadanos que no pueden disfrutar de los mismos derechos que el resto de la población. Además, supone un factor más para acelerar la despoblación del rural y de su empobrecimiento, generando mayores desigualdades económicas, ya que emprender en zonas sin una conexión digital de alta capacidad supone competir en un escenario de desventaja. 

Esta situación resulta más injusta cuando es viable superar la brecha que separa el entorno urbano del rural. Ahora es posible garantizar los derechos digitales de los ciudadanos, sin importar donde vivan. Que los gallegos desde a Costa da Morte hasta a Ribeira Sacra tengan la misma conexión a internet que los que viven en el Paseo de la Castellana o cualquier calle de A Coruña o Vigo. Y al mismo precio. 

Si hay una conexión eléctrica o de teléfono fijo, se puede poner a la puerta de los ciudadanos fibra de alta capacidad y sin necesidad de hacer nuevas zanjas o nuevos postes para hacer el tendido. Incluso es posible ofrecer servicios de fibra de 10 Gbps, lo que supone multiplicar por 100 el objetivo de los 100 Mbps establecido por el Gobierno.

Utilizar infraestructuras existentes

Para ello, basta con utilizar infraestructuras ya existentes, lo que permite llegar hasta el último rincón de Galicia donde haya viviendas o empresas y con costes asumibles. Con estas inversiones se garantiza el desarrollo económico y de igualdad de derechos de todos los ciudadanos, sin importar el lugar en el que residen. 

El despliegue de la fibra óptica en el ámbito rural constituye también una de las palancas para garantizar el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030, porque contribuye a fijar población en el medio rural e impulsar la creación de empresas. De este modo, se genera riqueza en las comunidades rurales y se fomenta la creación de nuevos empleos, además de permitir que sean más competitivas al poder disfrutar de todas las ventajas de la digitalización. 

Por tanto, lograr que el 100% de la población tenga acceso garantizado a una conexión de fibra óptica de alta capacidad es posible y el conjunto de la sociedad debe trabajar para logarlo cuanto antes. Es imprescindible que las administraciones y empresas cooperen para acabar con la brecha digital. 

De poco nos sirven los derechos digitales como el de libertad de expresión, a recibir información veraz, educación digital, a establecer relaciones con las Administraciones Públicas, la creación de empresas, acceso a la salud en el entorno digital o a la cultura, entre otros, si no se cumple el derecho fundamental de poder disfrutar de una conexión en condiciones óptimas sin importar el lugar en el que se reside. Debe ser un compromiso de todos y es posible lograrlo. 

Pere Antentas
Pere Antentas
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CEO de Rede Aberta