Los Franco, contra la "estrategia de acoso y derribo" del Gobierno
MADRID/SANTIAGO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
El abogado de los nietos de Francisco Franco ha asegurado este jueves que la demanda presentada por el Gobierno en un juzgado de La Coruña reclamando la devolución del Pazo de Meirás se enmarca en la "estrategia de acoso y derribo" ejercida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez contra los nietos del dictador.
Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press Luis Felipe Utrera Molina, que ejerce la defensa de la familia Franco. El abogado ha reprochado al Gobierno su "falta de cortesía" por haber filtrado a la prensa la demanda interpuesta en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña antes de que sus clientes tuviesen conocimiento de la misma.
"La han recibido antes que mis clientes, lo cual es una cierta descortesía por parte del Gobierno que debería haber esperado a que mis clientes tuvieran conocimiento de la misma", ha recalcado el letrado.
En este sentido, Utrera Molina ha asegurado que los familiares de Franco tienen la "absoluta tranquilidad de que cualquier demanda que ponga en duda la legitimidad de la titularidad del pazo está encaminada a ser absolutamente desestimada". "No tenemos ninguna duda", ha añadido, al mismo tiempo que ha indicado que esto podría suponer que el "Estado tendrá hacer frente a las costas del procedimiento".
"Falta de elegancia" del Gobierno
Por todo ello, el abogado ha insistido en la "falta de elegancia" y ha enmarcado la presentación de la demanda en la "estrategia de acoso y derribo" del Ejecutivo de Pedro Sánchez contra la familia Franco. "Es una batalla de Gobierno en la que ha decidido que es su enemigo y nos defenderemos con todas las armas que nos da la ley", ha concluido.
La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno Central, ha registrado una demanda basándose en un documento datado del 3 de agosto de 1938 desconocido hasta ahora, firmado ante notario en el despacho del gobernador civil. El texto confirmaría que el contrato de venta a Franco, suscrito tres años después, fue "fraudulento" porque el inmueble ya era residencia de la Jefatura del Estado tras su adquisición por cuestación popular.
