La Xunta elabora una nueva ley para la recuperación de la tierra agraria en Galicia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció esta mañana la elaboración de una ley de recuperación de la tierra agraria en Galicia. El objetivo de esta norma, que se aprobará previsiblemente en el primer cuatrimestre del próximo año, es la producción de los terrenos ahora abandonados e infrautilizados en el rural gallego mediante diferentes herramientas como las aldeas modelo, la creación de polígonos agroforestales y la gestión conjunta.

El texto que presentaron este mediodía el presidente de la Xunta y el conselleiro de Medio Rural, José González, tiene como objetivo poner a producir tierras infrautilizadas o abandonadas y facilitar más extensión a las personas que viven del sector ganadero, agrario o forestal para revitalizar el rural. "Al mismo tiempo, se logra una mayor anticipación a los incendios forestales y se logra una recuperación demográfica y en el asentamiento de la población en el rural", indicó Feijóo.

El Consello da Xunta aprobó la ley número 12 de la legislatura, seis procedentes de la anterior, lo que supone "un ritmo legislativo sin precedentes", según Feijóo. El líder del PP gallego definió esta ley como "innovadora" tanto a nivel estatal como en la mayor parte de los países de la Unión Europa y aseguró que culmina un proceso normativo que comenzó hace tiempo para logar aprovechar las "miles y miles" de hectáreas abandonadas y sin dueño conocido.

Banco de explotaciones y cambios en los impuestos

"Representa una clara apuesta por la ordenación del territorio rural: aquello del que no se conoce dueño, no se cuida", indicó Feijóo. El texto recoge varios modelos voluntarios en los alquileres, cesiones, transmisiones de titularidad o gestión conjunta. La Xunta, además, va a actuar de oficio para investigar la propiedad de predios para que el catastro actualice el número de propietarios y las parcelas que le corresponden a cada uno.

Otra de las medidas que se va a tomar es la creación de un banco de explotaciones. Feijóo explicó que el objetivo es garantizar el relevo generacional y el aprovechamiento de las tierras cuando, por ejemplo, una persona se jubila y no tiene descendientes o estos no quieren hacerse cargo del negocio. Así, este instrumento pondrá en contacto a personas que cesan su actividad con otras interesadas en incorporarse a ella.

"Incentivamos el impuesto de patrimonio, el impuesto de transmisiones patrimoniales y el impuesto de actos jurídicos documentados tanto para comprar como alquilar vivienda o suelo de carácter agrario", indicó el presidente de la Xunta, que a añadió a este respecto: "Vamos a incrementar los impuestos cero y la disminución de impuestos en el caso de inversiones en empresas agrarias, en adquisición de viviendas en aldeas modelo, en compra o alquiler de fincas rústicas, en transmisión, cesión o alquiler temporal de terrenos incorporados al banco de tierras... En definitiva, vamos a incentivar que la gente invierta en el rural".

Dos de cada tres gallegos, propietarios

El conselleiro de Medio Rural, por su parte, recordó que Galicia es una comunidad "eminentemente rural" que tiene un sector primario con una potencia "extraordinaria". El sector lácteo, por ejemplo, está entre los diez primeros en comparativa con las otras regiones europeas, mientras que a nivel estatal representa el 40% de la producción láctea. La industria cárnica o los sectores vitivinícolas y forestales también son muy relevantes.

"Estamos por debajo de la media española y europea en bases territoriales", indicó González, que asegura que cada vez hay más interés de gente de fuera del rural en invertir en estas zonas, sobre todo desde el inicio de la pandemia. Galicia ocupa el 6% del territorio español pero ocupa el 16% de la superficie rústica y es la comunidad con más parcelas en rústico de España, con más de 11 millones, lo que supone el 28% del total. "Esto quiere decir que casi una de cada tres parcelas de rústico en España está en Galicia. Todo esto pertenece a 1,6 millones de gallegos y gallegas: dos de cada tres gallegos tienen propiedades en el rural", explicó el conselleiro de Medio Rural. Así, según los datos de la Xunta, cada uno de esos propietarios tiene 1,7 hectáreas repartidas en siete fincas.

Los terrenos están fragmentados y son pequeños, lo que sumado a la dificultad para localizar a los titulares por desconocimiento o por no estar actualizado el catastro, provoca un abandono del rural. El objetivo de la ley presentada este mediodía es incentivar de forma ordenada el uso agrario, ganadero y forestal de las zonas en las que esta situación es acusada mediante la intermediación de la Xunta y el banco de tierras.

Tres modelos de explotación

La ley trabaja con tres instrumentos de movilización. El primero de ellos son los polígonos agroforestales, que permitirán generar parcelas de un tamaño mínimo según el tipo de cultivo y que pueden ser de iniciativa pública o privada. González ejemplificó que los forrajes serían de diez hectáreas, mientras que los viñedos y las huertas tendrían tres. Los polígonos de iniciativa pública llevan como actuación preferente las concentraciones parcelarias abandonadas y los polígonos cortafuego, que serán discontinuidades creadas en el territorio con criterio técnico de prevención de incendios.

Otra herramienta son las aldeas modelo, de las que actualmente hay once en marcha y dos en funcionamiento en el municipio de Cenlle y O Incio. Esta propuesta trabaja con alquileres y "no toca los marcos", sino que implanta actividad agroganadera. "Los propietarios pasan de pagar por desbrozar a cobrar por alquilar para producir sobre esas tierras", sintetizó González.

El último instrumento son las agrupaciones de gestión conjunta, con las que lo que se busca es delimitar el perímetro sin tocar los marcos ni cambiar a los propietarios. Requiere que el 70% de los titulares estén de acuerdo con esta medida para administrar de forma conjunta los territorios.

Todos los instrumentos ya están presupuestados en 2021. Estas figuras son voluntarias y "respetuosas" con el titular del terreno, requieren una existencia previa de demanda de más masa territorial y dan siempre beneficio económico a los propietarios, según reiteró González. El conselleiro también aseguró que no se prevén expropiaciones y, preguntado por lo que haría la Xunta en el caso de los propietarios ilocalizables, indicó que se seguirían los pasos ya regulados por la ley de patrimonio estatal al respecto. "Se abriría un proceso de investigación para tratar de hallar al propietario y, si no es posible, culminado el proceso esa finca se inscribiría a nombre del Banco de Terras siempre con intención de cederla a quién tenga interés", concluyó González.