La Xunta defiende que los abortos se practican en todas las áreas sanitarias de Galicia
El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha defendido este miércoles en el Parlamento gallego que los abortos se practican en centros públicos de todas las áreas sanitarias. Lo ha hecho tras la interpelación de la diputada socialista Noa Díaz sobre los derechos reproductivos de las mujeres.
El titular de Sanidade cifró en un 60% las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en centros del sistema público en 2022, mientras que las restantes se efectuaron en los dos centros privados con autorización autonómica. El conselleiro también indicó que la reforma prevista en la Ley 2/2010 no implica cambios en la sanidad gallega.
"A única acción que a nova Lei nos esixiría sería a creación dun Rexistro de Profesionais Obxectores de Conciencia", explicó Comesaña. Galicia, sin embargo, alegó contra este punto al considerar que no es necesario para garantizar la prestación porque el Servizo Galego de Saúde realiza abortos en las siete áreas.
Comesaña, además, ha considerado no "razonable" ni "bien regulado" el cambio respecto a la no necesidad de consentimiento de los titulares de la patria potestad en el caso de los menores de edad: "Puede generarse una situación de desprotección de una menor cuya interrupción del embarazo se complique y necesite con rapidez esa autorización para realizar intervenciones necesarias para preservar su salud".
El conselleiro de Sanidade también considera "poco apropiado" eliminar el periodo de reflexión sobre esta intervención. "La propia ley establece la obligación de proporcionar un volumen muy importante de información a la mujer, tanto sobre los distintos métodos como sobre las condiciones y los centros disponibles", justificó a ese respecto Comesaña, según recoge Europa Press.
Procedimiento farmacológico o instrumental
Comesaña aseguró durante su intervención que los centros de orientación familiar y los hospitalarios permiten la realización de abortos farmacológicos en las siete áreas sanitarias por debajo de las nueve semanas de gestación. La Xunta concreta que entre las nueve y las 14 semanas, "realizan interrupcións
voluntarias do embarazo polo procedemento instrumental", y que entre las 15 y las 22, lo hacen de ambos modos.
El titular de Sanidade remarcó que Galicia, además, "garante a atención no sistema público" en el caso de abortos después de las 22 semanas que, según indica la Xunta, la ley solo recoge por causas de salud del feto. "Hai xa seis anos que Galicia garante dentro do seu sistema público mesmo as interrupcións do embarazo que noutras comunidades autónomas se derivan sistemáticamente fora do territorio", aseguró Comesaña.
Pregunta por el apoyo a entidades antiabortistas
La socialista Noa Díaz aseguró que, según el Ministerio, un 70% de los abortos realizados en Galicia se efectúan en clínicas privadas, frente al 40% defendido por Comesaña. La portavoz de Igualdade del PSdeG, además, indicó que hay áreas sanitarias en Galicia en las que no se practican abortos en la pública "en función de la semana de gestación, derivando a centros privados".
Díaz instó al Gobierno gallego a cumplir "con diligencia" la reforma de la ley. La normativa establece que la red pública será "de referencia" para que las mujeres que decidan abortar "puedan hacerlo en el centro público hospitalario más próximo a su domicilio". La socialista, además, ha preguntado por las "entidades antiabortistas instaladas en Galicia con la subvención de la Xunta" y que con el nuevo texto quedarán excluidas de las ayudas públicas.
"Estas son actualmente las que más subvenciones reciben en las ayudas para trabajar con mujeres en contextos de vulnerabilidad", advirtió Noa Díaz, que añadió: "Esta situación deriva de la Ley Feijóo que regula una red de apoyo a la mujer embarazada, que en realidad supuso la protección con fondos públicos de una red de entidades antiabortistas".
