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La justicia obliga a Audasa a devolver los peajes por los atascos en la AP-9

Los afectados por un total de 81 incidencias en el tramo del puente de Rande entre 2015 y 2018 podrán solicitar que se les reconozca como beneficiarios de la condena
Uno de los tramos de la AP-9 gestionados por la empresa
Audasa
Uno de los tramos de la AP-9 gestionados por la empresa

El juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha decretado que Audasa "no debe cobrar peajes íntegros a los conductores si se producen incidencias importantes en las carreteras que no hayan sido anunciadas con suficiente antelación". Esta decisión, según ha adelantado Economía Digital, ha provocado que la empresa concesionaria haya sido condenada a devolver los importes de los peajes correspondientes a los atascos producidos en la AP-9, un total de 81 incidencias entre el 27 de febrero de 2015 y el mes de junio de 2018 en el tramo del puente de Rande. Los afectados podrán solicitar que se les reconozca como beneficiarios de la condena si acreditan que son consumidores y demostrando las cantidades concretas abonadas en los peajes, según el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El juez ha obligado a Audasa a "cesar en la práctica abusiva de cobrar los peajes íntegramente a los usuarios de la autopista" en los casos que se produzcan incidencias calificadas de color negro (circulación interrumpida con carretera cortada), rojo (circulación difícil, muy lenta con paradas frecuentes y prolongadas) o amarillo (circulación irregular, lenta con paradas esporádicas) por la Dirección General de Tráfico (DGT). Todo esto con el requisito de que los usuarios no hayan sido informados del estado de la carretera con un margen suficiente que les permita decidir si incorporarse a la autopista o salir de ella antes de llegar al tramo con incidencias.

A su vez, la concesionaria deberá asumir el coste de la publicación del fallo de la sentencia en el diario Marca al mismo tiempo que el juez ha considerado que "lo relevante no es la causa, sino el hecho de cobrar un precio a un consumidor que no ha recibido la prestación del servicio y al que no se le ha proporcionado la información necesaria para que pudiese tomar su decisión”, a lo que ha añadido que no le consta que se produjese alguna causa de fuerza mayor "que impidiese a Audasa informar a los conductores con la antelación oportuna".

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