La Diputación de A Coruña refuerza todos sus programas sociales para afrontar las consecuencias de la pandemia
La Diputación de A Coruña va a reforzar este año todos sus programas sociales para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de COVID-19 entre los colectivos especialmente vulnerables y las familias con menos recursos. Este compromiso lo han plasmado en los Presupuestos 2021 de la administración provincial, que este año incrementan la partida de área social de 11,8 a 27,4 millones, un aumento del 137% respecto al pasado ejercicio.
"En 2021 vamos a hacer la mayor apuesta social de la historia de la Diputación", ha afirmado el presidente Valentín González Formoso, que destacó que las políticas de empleo, reactivación económica y ayudas a los sectores más afectados por las consecuencias de la pandemia serán, junto con el área social, las "prioridades absolutas" durante este año.
Un plan único más social
El Plan Único (POST+2021), principal programa de inversiones de la Diputación en los 93 municipios de la provincia de A Coruña, incrementa su presupuesto inicial de 47,2 a 64,6 millones de euros y se adapta a la difícil situación actual, incorporando por primera vez un "fondo social" de 14 millones de euros que se destinarán en exclusiva a gasto social.
Así, uno de cada cinco euros del Plan Único en 2021 se destinará a reforzar los programas de protección social de los colectivos más vulnerables, para no dejar a nadie atrás en la salida de esta crisis.
El doble de fondos para los servicios sociales municipales
En los últimos años el gobierno provincial de Valentín González incrementó progresivamente el presupuesto del plan de apoyo a los servicios sociales municipales, que pasó de los 4 millones de euros en 2016 a los 8 millones con los que contará en 2021. Esto permitirá contratar este año casi 200 profesionales del área social en los municipios, y financiar alrededor de 300.000 horas de servicio de ayuda en el hogar (SAF).
"Con este programa, la Diputación quiere estar cerca de la gente que más lo necesita y permitir a la ciudadanía contar con unos servicios sociales profesionales y de calidad, independientemente del lugar donde vivan", afirmó al diputada de Bienestar Social, Ana Lamas, que destacó además que la aportación de la Diputación para financiar los servicios de ayuda en el hogar es de 12 euros/hora, muy superior a los 9 euros/hora que dedica la Xunta de Galicia para el mismo fin.
El programa permitirá financiar el 100% del salario de las personas contratadas como personal administrativo (18.000 €/año), personal técnico A2 (22.000 €) y personal técnico A1 (26.000 €). También se incluye un precio de 12 euros/hora para financiar el personal de servicio de ayuda en el hogar.
Estos profesionales atienden cada día a miles de ciudadanos con problemas de índole social, que con frecuencia pertenecen a colectivos especialmente vulnerables: financia, mujeres víctimas de violencia, personas con especiales dificultades de inserción laboral, mayores sin recursos y personas sin hogar o con discapacidad.
Incremento de los usuarios de teleasistencia
Finalmente, la Diputación reforzará también su servicio de Teleasistencia, en el que invierte 720.000 euros en 2021 y que experimentó durante la pandemia un importante incremento del número de usuarios y usuarios, que supera ya las 2.700 personas.
La Teleasistencia de la Diputación da servicio a los concellos de menos de 50.000 habitantes de la provincia (todos menos las grandes ciudades) y es gratuita para el usuario/a, cuyo perfil tipo es el de una mujer mayor de 80 años que vive sola, aunque también hay un pequeño porcentaje correspondiente a personas con algún tipo de diversidad funcional. Cada día se atienden más de 500 llamadas a través de este servicio.
"En una provincia caracterizada por el envejecimiento de la población, especialmente en el ámbito rural, creemos que es fundamental ofrecer un servicio como éste", sostiene Ana Lamas, que recordó que la Diputación tiene capacidad para llegar hasta 3.300 usuarios y sigue ofreciendo el servicio de Teleasistencia a las personas que lo demanden a través de los servicios sociales de los ayuntamientos.
