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Investigado alto cargo de la Xunta por posible delito ecológico relacionado con el Monte Neme

Se mantiene la investigación tras la declaración del acusado por las filtraciones procedentes de la antigua mina situada entre Carballo y Malpica de Bergantiños
Balsas mineras en la zona de explotación de áridos en Monte Neme (A Coruña).
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Balsas mineras en la zona de explotación de áridos en Monte Neme (A Coruña).
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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) - 

Un juzgado de la localidad coruñesa de Carballo mantiene abierta una investigación contra el jefe de servicio de Enerxía e Minas de la Xunta, Juan José Iglesias, por su responsabilidad en un posible delito ecológico relacionado con filtraciones de metales pesados procedentes de las balsas de agua de la antigua mina de Monte Neme.

El responsable del Gobierno autonómico acudió a declarar el pasado miércoles ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Carballo, que instruye la denuncia presentada por la Asociación Petón do Lobo.

El juzgado mantiene la investigación por un posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, vinculado a un delito continuado por vertidos de drenajes ácidos de mina con "altas cantidades" de metales pesados al medio ambiente.

La denuncia está vinculada a la restauración de la antigua explotación minera ubicada en el monte de la comarca de Bergantiños y, en concreto, a las filtraciones que se producen a través de dos tubos de drenaje.

La Asociación Petón do Lobo había presentado también una denuncia por la rotura en 2014 de la balsa de Monte Neme, explotación minera gestionada por la empresa Leitosa, disuelta en 2015.

En todo caso, el juzgado desestimó, en un auto emitido en junio de este año 2021, la investigación por el delito ecológico del fallo crítico sufrido por la balsa en 2012, que dejó un vertido de 24.000 metros cúbicos de agua y lodos sobre las parroquias coruñesas de Razo da Costa (Carballo) y Aviño (Malpica).

Y es que la denuncia presentada por estos hechos se produjo en diciembre de 2020, transcurridos los cinco años establecidos por ley para la prescripción de los delitos castigados con hasta cinco años de prisión, como el relativo al fallo registrado en Monte Neme en 2014.

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