Feijóo culpa al Gobierno del cierre de Alcoa en Galicia y el BNG propone su nacionalización
Alcoa comunicó esta mañana que más de 500 empleados de la planta de aluminio de San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo), serán despedidos alegando como principales razones los altos costes de energía, el bajo precio del aluminio o el exceso de capacidad global. Las reacciones no se han hecho esperar y en el ámbito gallego, el presidente Alberto Núñez Feijóo, ha culpado al Gobierno de esta grave situación a través de su cuenta de twitter a la vez que el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha pedido la nacionalización de la empresa y la creación de una tarifa eléctrica gallega que evite la destrucción de miles de puestos de trabajo y el Secretario General del PSdeG y candidato a la presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, aconsejó que el Gobierno y la Xunta trabajen conjuntamente en una solución industrial para Alcoa.
A su vez, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que dirige Reyes Maroto,se ha dirigido a Alcoa pidiendo que reconsidere el despido de las 534 personas afectadas sobre todo en estos momentos de crisis sanitaria "donde es más necesario que nunca mantener las capacidades productivas y los puestos de trabajo" a la vez que se ha recordado a la multinacional que "han recibido muchas ayudas públicas". Además, la ministra ha confirmado que el Ministerio continuará manteniendo un contacto "permanente y fluido" con la dirección de la empresa y con los representantes de los trabajadores para conocer los avances del periodo de consultas que se va a iniciar tras el anuncio de los despidos. "En un momento tan complicado como el que vive la sociedad española, es necesario un compromiso de Alcoa con la provincia de Lugo y con las trabajadoras y trabajadores de la planta", ha manifestado el Ministerio de Industria a través de un comunicado.
"El Gobierno tuvo más de un año para evitar el cierre de Alcoa y no lo hizo pese a sus promesas. Sigue habiendo un margen de semanas para evitar este golpe a más de 500 familias, a A Mariña, Lugo y Galicia", apuntó tajante Feijóo en redes sociales este mediodía, a lo que añadió que "no están las cosas como para perder empleos que podrían salvarse". Por su parte, el BNG propuso esta mañana "la intervención pública de la empresa para evitar el cierre y mantener la producción y el empleo".
La líder del partido, Ana Pontón, modificó su agenda de este jueves para abordar este grave asunto y alegó que "el cierre de la factoría de Alcoa en A Mariña implicaría enterrar a una comarca entera" por lo que se mostró partidaria de "poner en marcha toda la presión institucional y social para garantizar el futuro del empleo" e hizo hincapié en que "Galicia no puede seguir viendo como se desmantela el sector industrial ante la pasividad del gobierno central y de la Xunta". Asimismo, Pontón calificó de "disparate" que en Galicia "pueda cerrar una fábrica por el coste energético en una comunidad que exporta electricidad" por lo que considera "más importante que nunca" poner en marcha una tarifa eléctrica gallega con un status especial para las industrias electrointensivas.
A su vez, el Secretario General del PSdeG, Gonzalo Caballero, expresó a través de su perfil de twitter que "la decisión anunciada por Alcoa no puede contar con su respaldo" y recordó que "es una multinacional que ha recibido ayudas millonarias" a la vez que pidió que se de prioridad al empleo.
Intento de cierre en 2019
El año pasado, Alcoa ya tomó la decisión de cerrar sus plantas de A Coruña y Avilés (Asturias), alegando las mismas razones que ha dado esta mañana para el despido de los empleados de la planta lucense. Finalmente, tras la colaboración del Ministerio con los gobiernos autonómicos, ambas fábricas acabaron en manos de Parter Capital, un fondo suizo que recientemente las ha vendido a su vez al Grupo Riesgo.
La situación también es complicada en lo referente a esta venta ya que hace tan solo unos días, un equipo de auditores alertó a la nueva dirección de Alu Ibérica de la existencia de prácticas contables "cuestionables" en las cuentas de las plantas de la antigua Alcoa en Avilés y A Coruña correspondientes al periodo 2017-2018. Según el Grupo Riesgo, los auditores apuntan a dudas sobre la valoración real de ambas plantas en esos ejercicios y las mismas fuentes señalan que los auditores están "con las manos atadas" porque no pueden realizar una valoración real de activos para el balance y las cuentas de 2019.
Además, han calificado de "preocupante" estas prácticas contables "cuestionables", así como la "falta de claridad y transparencia" por parte de los gestores anteriores y ahora mismo están analizando otras cuestiones de relevancia con respecto al ejercicio del año pasado con el objetivo de detectar todas las posibles irregularidades que existan.
