El Juzgado concede un mes a la familia Franco para retirar los bienes del pazo de Meirás
El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha acordado conceder a la familia Franco el plazo de un mes para la retirada "de las cosas, bienes u objetos" que hay en el interior del pazo de Meirás, con la excepción de aquellas que eventualmente se encuentren en él por haber sido colocadas por el Estado tras haber tomado posesión del inmueble.
Además, la letrada de la Administración de Justicia, en la diligencia de ordenación, contra la que cabe presentar recurso de reposición, requiere al Estado para que permita el acceso al pazo de los profesionales que designe la familia Franco para poder efectuar la retirada de los bienes. Respecto a la petición de la parte demandada de que se declare no existente, a todos los efectos, el inventario sobre los bienes del pazo, así como de que se prohíba su divulgación, el juzgado otorga a las partes un plazo de 10 días para indicar si están conformes con esta solicitud o presenten alegaciones.
Asimismo, la Xunta ha reiterado estos días la intención de que "estos bienes patrimoniales de Galicia se queden en Galicia como parte del patrimonio de los gallegos" y el gobierno autonómico ha precisado que los Franco tendrán que realizar antes "una petición específica y concreta a la Xunta para mover los bienes BIC". Además, fuentes de la administración gallega han concretado que tienen potestad "para informar y posibilitar o no la movilidad de esos bienes".
Sin efecto el auto del juzgado
Con la decisión adoptada por la Audiencia de A Coruña al estimar el recurso de la familia del dictador (que ahora deberá ser "indemnizada" por los daños y perjuicios que les haya podido ocasionar esta situación), se dejó sin efecto el auto del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña en el que se ordenaba depositar a favor del Estado todos los muebles y elementos accesorios del pazo de Meirás.
Los magistrados dejaron abierta, no obstante, la posibilidad de que el Estado pueda reclamar en otro pleito la titularidad de los muebles que considere Patrimonio Nacional asignados al jefe de Estado.
