El Gobierno pretende implantar peajes en las autovías gallegas en 2024
Tres años. Este es el tiempo que resta para que las autovías gallegas puedan pasar a ser de pago. El Gobierno central baraja 2024 como la fecha en la que se podría comenzar a implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado.
Mientras el Ejecutivo avanza en esta propuesta de cobro, los gallegos esperan que se acometan las rebajas en la AP-), que se implantarán en julio, según lo acordado en la última reunión entre Xunta y Ministerio de Transportes.
Hasta que se acometa el cobro en las autovías, el Ejecutivo prevé llevar a cabo una campaña de "concienciación y sensibilización" sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida, según lo asegura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas.
En base a la experiencia internacional, el Gobierno calcula que es necesario un tiempo de entre dos y tres años para poner en marcha este cambio en la normativa. Una nueva medida para la que el Ejecutivo buscará el acuerdo social y político, consultando con los transportistas profesionales, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones para determinar la voluntad de todos de incorporar peajes en las carreteras bajo su titularidad.
Respecto a los camiones y resto de vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, el texto aclara que se impulsarán desde la Administración las condiciones normativas necesarias para que el coste del peaje sea asumido por los cargadores, incentivando así la búsqueda de la sostenibilidad y eficiencia del transporte.
En este sentido, el Gobierno se escuda en varios elementos para justificar esta medida, siendo la minorización de las emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto de la carretera sobre el medio ambiente y la eficiencia del transporte algunos de ellos.
Un sistema escalable
Sin embargo, la principal razón es el abultado déficit que arrastra la conservación de las carreteras. "Con una red estatal que supera los 26.466 kilómetros de extensión, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad, lo que hace que tengamos la más extensa de Europa, los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios", señala el texto.
El Gobierno también aclara que el sistema podría ser "escalable y progresivo", es decir, que se cobre inicialmente solo en la red de alta capacidad (autovías) y que se extienda de forma progresiva a otras redes, abriendo la puerta así a que cualquier carretera pueda ser de peaje.
Esta progresividad en la aplicación de la medida responde al esperado rechazo que causará en la población. Por ello, defiende que se determinarán tarifas "asumibles pero que garanticen la financiación".
Desde la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) defienden que un peaje de entre 3 y 5 céntimos de media sería suficiente para acabar con el déficit de 8.000 millones que ya acumula la conservación de las carreteras.
