El Gobierno presenta un plan para que Alcoa pare el ERE, pero a la empresa "no le vale"

LUGO/MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha presentado un plan industrial a diez años con dos propuestas enmarcadas en un contrato bilateral con varias fuentes energéticas que garanticen un precio de energía en un rango de 25 a 35 megavatios hora (MWh) para Alcoa, a través de la entrada de socios industriales energéticos o industriales, con el fin de que retire el ERE para 534 empleados de su planta de San Cibrao.

Sin embargo, la compañía sostiene que "no le vale", según ha informado el presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, tras la mesa multilateral celebrada en la tarde de este martes con presencia de Xunta, Gobierno, empresa y representantes de los trabajadores.

Al respecto, Zan lamenta que Alcoa "no quiere saber nada de este marco", porque se queja de que falta por "concretar" medidas técnicas y plazos.

En este sentido, el presidente del comité de empresa remarca que este marco energético "serviría para echar abajo un ERE", con "esos mecanismos por escrito por parte del Gobierno" y "con las fechas". "Sería uno de los motivos para poder tirar abajo el ERE en el que la empresa nos ha metido", agrega.

Emular los acuerdos con Noruega

Así se lo ha propuesto a la empresa el secretario general de Industria y Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Raül Blanco, en el marco de la reunión de la mesa de trabajo multilateral sobre el futuro de la planta de Alcoa en San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo), ante el comienzo este jueves del proceso formal de despido colectivo de 534 trabajadores en su planta de aluminio.

El Gobierno argumenta que la multinacional productora de aluminio también está teniendo problemas en sus distintas plantas alrededor del mundo, como en Québec (Canadá), Ferndale (Estados Unidos) o Córcega (Francia), donde los trabajadores también están concentrándose.

"Lo de San Cibrao no es un fenómeno aislado, lo hemos vivido en A Coruña y Avilés --sus otras dos plantas en España que vendió el año pasado--. Viene de una estrategia corporativa del oligopolio de los productores de aluminio, que genera las consecuencias que estamos viendo", ha explicado Blanco.

Además, ha puesto como ejemplo el acuerdo alcanzando en marzo de 2018 por Alcoa en Noruega para la compra de energía eólica a largo plazo a través de un parque eólico de 330 MW. "El acuerdo de Noruega es perfectamente reproducible en Lugo. No creo que construir un parque eólico sea más barato ni más competitivo en Noruega que en Galicia, y no creo que la alúmina en Noruega sea más competitiva que en San Cibrao", ha defendido Blanco.

El plan industrial a diez años propuesto se trata de un contrato bilateral con varias fuentes energéticas (gas de alta eficiencia de 100/200 MW, parque eólico de 400 MW y parque fotovoltaico de 800 MW) y un precio de energía en un rango de 25 a 35 MWh a partir de los instrumentos actualmente en curso y de la entrada de nuevos socios.

"Es el precio que ha pedido la Xunta, los trabajadores y la empresa. El precio de la energía no es el problema. San Cibrao es viable, se puede hacer un PPA con la vista puesta en el futuro, producir hidrógeno verde e introducir un proceso de producción más limpio y sostenible", justifica Blanco.

Si la empresa no lo acepta, pide que se aparte

No obstante, remarca que esta propuesta es incompatible con presentar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado por la empresa. En el caso de que Alcoa no lo acepte, el Gobierno le ha pedido que se aparte, venda la instalación y deje paso a otros que sí mantengan las capacidades productivas y el empleo en la comarca.

A lo largo de la reunión, Blanco ha expresado su sorpresa porque la Xunta "se haya alineado contra el Gobierno, dando oxígeno a Alcoa", y ha señalado que "si se inicia el ERE, la otra parte de la Administración existe, e intervendrá". "Será la autoridad laboral, es decir, la Xunta, la competente para gestionar el proceso. Espero que el conselleiro sea exigente con la empresa para defender los derechos de los trabajadores de San Cibrao", ha concluido.

En la reunión han intervenido el conselleiro de Economía e Industria de la Xunta, Francisco Conde, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, el presidente de Alcoa en España, Álvaro Dorado, el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, y los responsables autonómicos de industria de UGT (José Luis Combarro y Javier Carreiro), CC.OO. (Víctor Ledo y Xoán Xosé Bouzas) y CIG (Paulo Carril).

También han asistido la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, el director general de Industria y Pyme del Ministerio, Galo Gutiérrez, el director general de Industria y Minas de la Xunta, Ángel Bernardo Tahoces, el director del Igape, Juan Cividanes, el subdirector adjunto de Energía Eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Carlos Redondo, y varios representantes del comité de empresa de San Cibrao.

La Xunta reclama un precio a corto plazo

Por su parte, el conselleiro de Economía, Francisco Conde, ha urgido que el Gobierno fije un precio eléctrico competitivo a corto plazo, más allá del marco energético que proponga para próximos años.

En un comunicado, Conde explica que los contratos bilaterales promovidos por el Gobierno no impiden el cierre de la planta ya que sus efectos comenzarían a notarse a medio y largo plazo.

A este respecto, insiste en la necesidad de que se publique en el BOE la convocatoria de la puja de interrumpibilidad para el segundo semestre, que se concreten las compensaciones por emisiones de CO2 y se apruebe el estatuto para las electrointensivas comprometido hace más de año y medio.

Asimismo, el conselleiro llama a Alcoa a que paralice el ERE, al tiempo que emplaza al Gobierno central a que no cierre la mesa industrial y mantenga sus convocatorias hasta encontrar una solución.

Alcoa asegura que no hay "garantias"

Posteriormente, Alcoa ha emitido un comunicado en el que afirma que "cualquier propuesta para alcanzar un precio competitivo ha de ir acompañada de las suficientes garantías y certidumbre sobre su aplicación".

Sin embargo, asegura que la mesa convocada por el Ministerio de Industria "no se ha planteado propuesta alguna que se sostenga con garantías y certidumbre".

Por ello, la empresa indica que continúa "centrada" en el proceso de consultas abierto con los representantes de los trabajadores para discutir alternativas y medidas ante el ERE planteado para 534 trabajadores.