Dos sindicatos denuncian "gravísimos incumplimientos" en la empresa de limpieza de A Coruña
Los sindicatos CIG y USO presentaron este jueves un escrito en el Concello de A Coruña para solicitar una reunión con la Concellería de Medio Ambiente en relación a la forma de operar de la empresa concesionaria de la limpieza viaria en la ciudad, más aún tras conocerse la supuesta trama de corrupción del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL). Por su parte, la alcaldesa Inés Rey ha asegurado este viernes que atenderán esta petición.
Los representantes de estas entidades señalan en su escrito que hay "gravísimos incumplimientos" en los pliegos de condiciones de la empresa UTE A Coruña Limpieza "desde que la misma comenzó a prestar servicio para el Ayuntamiento de A Coruña en octubre del 2020".
Asimismo, recuerdan que en junio de 2022 ya pidieron una reunión con la concellería para exponer esta situación "sin obtener respuesta". Una petición que reiteran ahora.
En ese sentido, la alcaldesa ha explicado este viernes que desde el Concello "solicitarán información al juzgado para ver aquello que pudiera afectar a los contratos vigentes y tomar decisiones al respecto". Y ha asegurado que se sentarán a hablar con los sindicatos.
Red de familiares y amigos
La Policía Nacional detuvo el pasado mes de febrero a cuatro personas del Sindicato de los Trabajadores de la Limpieza (STL) de A Coruña como presuntas autoras de delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y estafa.
La investigación ha podido concluir que el secretario general del sindicato, con la cooperación de personas cercanas a él, habría aprovechado su posición como fuerza sindical en empresas adjudicatarias de servicios públicos de A Coruña para lograr beneficios económicos personales e indebidos. Así, a través de compañías administradas en la sombra por él mismo y constando al frente como testaferro una cooperadora, habría percibido más de 250.000 euros de beneficios solo en 2021.
Las empresas adjudicatarias habrían cedido gran parte de la selección del personal contratado a los detenidos, que aprovecharon para tejer una red constituida por familiares, allegados, amigos y terceras personas. Estos exigirían pagos mensuales a todas aquellas personas que quisiesen trabajar para las empresas adjudicatarias de los servicios como requisito obligatorio para poder entrar a trabajar en ellas, a modo de "mordida".
La Policía Nacional indica que si estas personas no accedían a los pagos, no se les permitía entrar en la plantilla. Además, si dejaban de pagar, los trabajadores eran despedidos bajo cualquier pretexto, como así se desprende de las pruebas testificales practicadas. Los detenidos gozaban de un alto nivel de vida gracias a estos ingresos, con automóviles y viviendas de gran valor económico y gran cantidad de dinero en efectivo.
