Conserjes de instalaciones deportivas de A Coruña harán protestas para mejorar su salario
Los conserjes de instalaciones deportivas de A Coruña no aguantan más. La empresa concesionaria, Serviplus, no aplica la subida del IPC en sus salarios como marca el convenio colectivo: "La empresa nos reconoce los atrasos de 2021, pero no nos consolida la subida del IPC en la nómina de 2022", señala a Quincemil el presidente del Comité de Empresa, Julio Ramilo.
Son casi 80 los trabajadores los que forman parte del personal de las instalaciones deportivas coruñesas. Su sueldo está por debajo de los mil euros, por lo que esta subida es muy necesaria. La empresa les ha dado varios plazos pero todavía siguen sin pagarles: "Ellos quieren dilatar esto en el tiempo porque no tienen un duro. Saben que no tienen razón, porque cualquier jurista nos da la razón a nosotros. No cobramos ni los atrasos del año pasado ni la consolidación de la nómina", señala el presidente del comité.
El personal de las instalaciones deportivas se ha dirigido al Ayuntamiento para que medie en este asunto. En primera instancia, el Gobierno local consideró que era un tema entre empresa y trabajadores: "El Ayuntamiento hace un contrato para que nos explote una empresa y no ellos", apunta Ramilo. Tras mantener varias reuniones con el personal, la administración local ha hecho un requerimiento a la empresa, pero el personal considera que no es suficiente.
Los trabajadores han estado recogiendo firmas e intentando actuar por la vía del diálogo, aunque consideran que esta "se agotó". "Si ahora no nos contesta la alcaldía, o nos contesta negativamente, vamos a tener que hacer huelgas, parones y parar eventos, lamentando el perjurio que le causemos a los usuarios", anuncia el presidente del comité.
El PP pide una solución al Ayuntamiento
El Grupo Popular de A Coruña se ha referido a este asunto a través de un comunicado en el que insta a Inés Rey a intervenir para solucionar la situación que atraviesan los conserjes de las instalaciones deportivas municipales.
Los populares han recordado que el Ayuntamiento adjudicó este contrato por un importe de 1.816.084 euros anuales y que este finaliza el 15 de enero de 2023, por lo que instan al Gobierno local a licitar cuanto antes el nuevo contrato para que entre en vigor en tiempo y forma.
Sobre este asunto, los trabajadores muestran su preocupación, ya que la empresa podría prorrogar un año más su contrato si la licitación de la nueva concesión no se lleva a cabo en el tiempo necesario.
