Panorámica de la costa gallega en la provincia de Lugo.

Panorámica de la costa gallega en la provincia de Lugo. Shuterstock

Galicia

Los últimos pasos que faltan para que Galicia controle los usos de sus costas

La Xunta espera que el Estado evalúe en los primeros meses de 2025 el coste efectivo del traspaso de la competencia acordado a finales de 2024, con la entrega de medios materiales y personal para ejercer la gestión de su litoral

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Los casi 1.500 kilómetros de costa que tiene Galicia serán gestionados a partir de este año por la Xunta. Así lo acordaron de manera firme los gobiernos autonómico y central en diciembre de 2024, hace menos de un mes, tras un largo periodo en el que la administración gallega ha reclamado al Estado un traspaso de la competencia para gestionar su litoral, la primera que transfiere el Ejecutivo estatal al de la Xunta en los últimos 15 años.

El acuerdo para que Galicia pueda, entre otras cosas, controlar la autorización de concesiones de uso en la costa y sus prórrogas está hecho, aunque faltan trámites que se deberían completar en los primeros meses de 2025. Según la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, consultada por Quincemil, aún queda por concretar la fecha para firmar el acuerdo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que supondrá el desarrollo de la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia (Loxilga), aprobada en julio de 2023 y paralizada por el recurso estatal contra su aplicación interpuesto poco después de su visto bueno.

¿Qué está haciendo ahora el Estado? Las mismas fuentes señalan que "evalúan administrativamente el personal y los bienes materiales a traspasar". "Es necesario que se nos den formalmente los medios estatales, ya que este es el último eslabón de la cadena para que Galicia puede ejercer plenamente las competencias que siempre tuvo y que hasta ahora le negó el Estado", se extiende el departamento autonómico.

Los próximos pasos

Una vez rubricado el acuerdo Xunta-Estado y con la conformidad de las dos administraciones, el Gobierno gallego contaría con servicios y funciones en materia de ordenación litoral, pero el proceso debe seguir otros pasos "a corto plazo".

El principal consiste en que el Ejecutivo de Sánchez cierre el ejercicio presupuestario de 2024 y que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elabore la valoración económica del coste efectivo del traspaso de competencia. Esta valoración tendrá que ser revisada y examinada y contar con un informe favorable, explican las fuentes autonómicas consultadas.

Alfonso Rueda y Pedro Sánchez, reunidos en La Moncloa en julio de 2022.

Alfonso Rueda y Pedro Sánchez, reunidos en La Moncloa en julio de 2022. Europa Press Europa Press

No hay plazos más concretos para la ejecución de estos pasos, aunque el mes pasado la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, dio por cerrada la negociación del traspaso y apuntó a 2025 como año en el que Galicia empezaría a "ejercer plenamente, de forma efectiva y en clave autonómica" la competencia "integral" sobre sus costas.

Tras las reuniones de estos días de las comisiones de trabajo de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Vázquez se quejó del retraso del Estado en el traspaso de competencias a Galicia en materia de litoral. "Ya no podemos esperar más", comentó, y exigió que "lo antes posible" el Estado "haga llegar el presupuesto que corresponde y los medios" para que Galicia gestiones los usos de sus 1.500 kilómetros de costa.

"Rectificación" del Estado

El pacto entre el Estado y la Xunta por la gestión del litoral pone fin, según resalta Medio Ambiente, a un "proceso iniciado hace más de 40 años". En la reunión de verano de 2022 entre Sánchez y el presidente gallego, Alfonso Rueda, reclamó la transferencia con el objeto de acabar con los problemas derivados de las concesiones de uso en los kilómetros de costa, que en ocasiones generan problemas en el sector industrial. Ante el rechazo del Estado, la Xunta inició la redacción de una ley del litoral con la que asumir propiamente su gestión.

Esta ley fue aprobada en julio de 2023 sin votos en contra en el Parlamento gallego. El Gobierno central la recurrió a finales de ese año por invasión de competencias, pero el Tribunal Constitucional tumbó el recurso. El Estado pretendía introducir un informe vinculante cada vez que la Xunta quisiese otorgar una concesión para obras o instalaciones no desmontables en el dominio público marítimo-terrestre. Galicia peleó contra este informe, que finalmente retiró el Gobierno socialista, lo que allanó el camino hacia el acuerdo.

"Ya no podemos esperar más. Esperemos que lo antes posible el Estado envíe el presupuesto que corresponde y los medios para que Galicia gestione su litoral"

Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente

"Una rectificación que también abrió el camino al País Vasco, ya que en su negociación con el Estado se basó en la Loxilga, que reconoce la competencia plena sobre la gestión y ordenación del litoral de las comunidades que así lo han recogido en su propio Estatuto", indica la Xunta.

El año 2024 terminó con el traspaso del Estado a las comunidades de País Vasco (presidido por el PNV, socio de la coalición Sumar-PSOE en el Congreso), y Galicia de la gestión directa de sus 1.500 kilómetros de costa, competencia que ambos territorios ejercerán en los mismos términos.

Solo queda ratificar el pacto, aprobar informes, que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique el real decreto que recoge la cesión y que el Gobierno central disponga a Galicia de esos medios materiales y humanos que precisa para controlar su litoral.