Pilar Pérez recuperará su vivienda.
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Galicia, pionera: dictada la primera sentencia que desahucia a una inquiokupa
Pilar Pérez recupera, de esta forma tras varios años de lucha, su vivienda tras determinar el juzgado que la inquilina, que se convirtió en inquiokupa, no presentaba vulnerabilidad
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El juzgado de Primera Instancia número cuatro de A Coruña ha dictado sentencia estimatoria a la demanda de Pilar Pérez por la que solicitaba recuperar su vivienda tras convertirse su inquilina en inquiokupa, al amparo del Real Decreto ley 11/2020. Se trata de la primera sentencia de este tipo que se produce en España.
La titular del juzgado ha determinado que el contrato de alquiler debe quedar resuelto y proceder al desahucio de la vivienda en el plazo legal previsto, además de abonar a la demandante la cantidad de 1890,06 euros en concepto de alquileres no pagados hasta la fecha de presentación de la demanda, que corresponden a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, un total de 1850 euros, así como los suministros de agua que ascienden a 40,06 euros. En total, lo adeudado asciende a 22.000 euros.
La inquiokupa alegó una situación de vulnerabilidad social y económica extrema, tal y como consta en la sentencia a la que ha tenido acceso Quincemil. No obstante, la demandante representada por el abogado Xaime da Pena perteneciente al despacho dP Abogados Consultores ha conseguido probar que esta situación no era tal y como relataba la demandada.
"Esta sentencia se ha obtenido debido a que hemos logrado demostrar que la demandada que ocupaba la vivienda si tenía la posibilidad de obtener una alternativa en donde vivir, pero era ella misma quien forzaba su situación de vulnerabilidad a rechazar las alternativas que le ofrecían los servicios sociales", afirmó el letrado.
Esta resolución es la primera en este sentido a nivel nacional y puede darse tras la suspensión del decreto que paralizó los desahucios con motivo de la pandemia Covid-19, que fue prorrogado en múltiples ocasiones por parte del gobierno central.
Las partes pueden interponer un recurso de apelación en el plazo de veinte días tras la notificación del documento oficial, que se ha producido esta mañana.
